En un comunicado, la compañía advirtió este lunes de que, en los procedimientos más complejos, el plazo puede superar incluso los dos años entre el primer incumplimiento y la recuperación efectiva del inmueble. Esto, a su parecer, ha hecho que muchos propietarios hayan endurecido las condiciones de acceso al alquiler o retirado sus viviendas del mercado residencial.

Además, avisó de que la “inseguridad jurídica” se ha consolidado como una de las principales preocupaciones de los arrendadores. Según SEAG, más del 70% de los propietarios considera la morosidad y la dificultad para recuperar la vivienda como el principal riesgo asociado al alquiler.

“La incertidumbre sobre los plazos judiciales ha pasado a ser un factor tan relevante como la rentabilidad obtenida, especialmente entre los pequeños propietarios, que representan la inmensa mayoría del mercado de alquiler en España”, añadió esta empresa.

En este sentido, señaló que el coste medio para SEAG en la cobertura a un propietario alcanza los 4.000 euros, teniendo en cuenta el proceso judicial, el mantenimiento de la vivienda y la no obtención de la renta. Ese coste se registra cuando SEAG, durante el proceso de mediación, consigue pagos ocasionales del inquilino. En el caso de que un inquilino deje de pagar completamente la renta, la distribución de los costes para un propietario que no cuente con los servicios de una compañía como SEAG es todavía mayor.

"Proteger a las familias vulnerables es imprescindible, pero esa responsabilidad no puede recaer únicamente sobre los propietarios", declaró la directora del Departamento Jurídico de SEAG, Daniela Salinas. Al hilo, alertó de que la suspensión de lanzamientos mientras se busca una alternativa habitacional puede prolongar durante meses la recuperación de una vivienda, generando una “inseguridad jurídica” que acaba reduciendo la oferta de alquiler.