Según la organización, los decretos suponen también una ruptura de los "principios constitucionales”, entre los que citó la seguridad jurídica, la irretroactividad de las normas restrictivas de derechos, el derecho de propiedad y la libertad de empresa.

Además, aseguró que las normas “rompen también con el derecho europeo y con la regulación internacional de los derechos fundamentales, que protegen el derecho de propiedad”. “El escudo social no puede ser el propietario”, afirmó la organización.

La asociación advirtió además de que las medidas reducirán la oferta de viviendas en alquiler, perjudicarán al pequeño ahorrador y dificultarán el acceso al mercado a nuevos inquilinos. En este sentido, cifró en 750.000 los hogares que actualmente necesitan una vivienda en España.

Asval criticó también la técnica legislativa empleada y sostuvo que los decretos se han elaborado “a la carrera” y contienen elementos que considera indeterminados, lo que, a su juicio, incrementará la conflictividad y obligará a jueces, notarios y abogados a interpretar algunos de sus contenidos.

MÁS VIVIENDA PÚBLICA

Frente a las medidas aprobadas, la asociación pidió elaborar una nueva regulación mediante un trabajo coordinado con las comunidades autónomas, acompañado de una evaluación técnica de los efectos de cada medida y de un mayor consenso político y social.

Asval reclamó además incrementar la inversión para construir un parque público de vivienda y defendió la colaboración entre las administraciones y los propietarios para aumentar la oferta de alquiler asequible.

“El alquiler asequible no se decreta, se produce”, sentenció la organización, que consideró necesarios más recursos públicos y una mayor seguridad jurídica para conseguir aumentar el número de viviendas disponibles.