Según recoge un documento de propuesta del real decreto al que tuvieron acceso organizaciones de derechos humanos como CEAR, la posible norma tendría efectos sobre expedientes aún sin resolver desde el pasado 30 de julio, cuando comenzó la crisis de Ceuta.

El texto del borrador contempla la inadmisión de algunas solicitudes presentadas fuera de plazo, reduce los tiempos para recurrir resoluciones desfavorables y establece excepciones al derecho de permanencia mientras se mantenga la situación de interés para la seguridad nacional declarada en la ciudad autónoma.

Este real decreto impulsado por el Gobierno, con intervención de diferentes departamentos, prevé varias medidas extraordinarias que afectan no solo al proceso administrativo, sino también a la fase judicial de los expedientes de protección internacional de migrantes.

Además, fuentes de Interior explicaron que este decreto podría ser una futura base para aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) en España, que entró en vigor en junio.

La propuesta elimina el examen previo de los expedientes de asilo por parte de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), al atribuir a la Dirección General de Protección Internacional la competencia para elevar directamente las propuestas de resolución.

Entre las principales medidas, el texto contempla la inadmisión de solicitudes de protección internacional presentadas más de siete días hábiles después de la notificación de una orden de devolución, expulsión o denegación de entrada, salvo que existan nuevas circunstancias relevantes para su evaluación.

Asimismo, establece limitaciones al derecho de permanencia en España de determinados solicitantes de asilo. En concreto, excluye de este derecho a quienes reciban una resolución desfavorable y procedan de países considerados seguros por la Unión Europea (UE), mientras se mantenga la situación de interés para la seguridad nacional declarada en Ceuta.

PERMANENCIA

Al mismo tiempo, el documento de propuesta prevé la pérdida del derecho de permanencia para los migrantes que sean considerados un peligro para el orden público o la seguridad nacional, para quienes presenten una segunda solicitud de asilo o para aquellos que formulen nuevas peticiones con el objetivo de retrasar una expulsión. En algunos de estos supuestos, la pérdida del derecho se produciría de forma automática.

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto y criticados por algunas entidades como CEAR u Oxfam Intermón es que señala que "el principio de no devolución no podrá ser invocado" en determinados casos relacionados con la seguridad nacional, el orden público o cuando existan resoluciones judiciales firmes desfavorables.

La norma también podría endurecer los plazos de recurso. Las resoluciones administrativas serían firmes en vía administrativa y únicamente podrían recurrirse ante los tribunales en cinco días naturales en los procesos fronterizos y acelerados. Además, los recursos contencioso-administrativos pasarían a tramitarse con carácter preferente.

El texto del borrador regula igualmente supuestos de desistimiento implícito de las solicitudes de asilo por no acudir a citas oficiales, abandonar recursos de acogida sin comunicar un domicilio o no responder a requerimientos administrativos en los plazos establecidos.

En materia de notificaciones, el decreto prevería que las resoluciones puedan comunicarse mediante anuncios en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y establecería que determinados centros de acogida y dispositivos de emergencia con sobreocupación no serán considerados lugares válidos para practicar notificaciones durante la situación de interés para la seguridad nacional activada en Ceuta.

Por último, el posible proyecto contempla mecanismos de intercambio de información entre tribunales y la Dirección General de Protección Internacional, así como la comunicación de datos personales de solicitantes de asilo sin necesidad de consentimiento cuando esté amparada por la normativa europea de protección de datos.