Así lo advierte el informe ‘Cierre nuclear y transición energética: El caso de Almaraz’, elaborado por las universidades Rey Juan Carlos y Politécnica de Cataluña, y encargado por Greenpeace. El estudio se presentó este martes en un acto en en Madrid.

El estudio refleja que el cierre programado de Almaraz (el 1 de noviembre de 2027 para el reactor I y el 1 de noviembre de 2028 para el reactor II) es técnicamente viable, ambientalmente favorable y económicamente más eficiente que su prórroga.

El análisis, realizado por los investigadores Eloy Sanz, director de la Cátedra de Transición Energética de la Universidad Rey Juan Carlos, y Víctor García Carrasco, de la Universidad Politécnica de Cataluña, compara tres escenarios.

Uno de ellos es el cierre (se cumple el calendario de cierre acordado actualmente), otro la prórroga (el cierre se hará efectivo en 2030 y no habrá prórrogas adicionales) y prórroga y desaceleración renovable (el mercado asume que la prórroga será superior al plazo actualmente solicitado y que el resto de reactores se acogerá progresivamente a prórrogas similares). Así, analiza el impacto económico y energético en cada escenario y concluye que mantener la central abierta no abarata la electricidad a medio plazo, sino que genera un efecto desincentivador a la inversión renovable.

SOBRECOSTE CRECIENTE

La consecuencia sería un sobrecoste creciente para los consumidores a partir de los primeros años tras su cierre definitivo y un aumento de las emisiones. A partir de 2031, los escenarios con prórroga resultan más caros que el cumplimiento del calendario de cierre, acumulando un sobrecoste de hasta 3.831 millones de euros en 2033 y pérdidas de inversión en renovables de 26.129 millones de euros hasta el mismo año.

“El ahorro inicial en precio y emisiones de una prórroga de la central nuclear de Almaraz se convierte en un sobrecoste estructural a medio plazo. Este encarecimiento se explica porque la prórroga frena la entrada de nuevas energías renovables, lo que obliga a mantener una mayor dependencia del gas, la tecnología que marca el precio de la electricidad en el mercado mayorista”, señaló Sanz.

El informe también responde a la cuestión de la estabilidad del sistema eléctrico, después de que el 28 de abril de 2025 se produjera un apagón en casi toda España. Según el análisis, el 96,4% de la electricidad generada por Almaraz se puede sustituir con energía renovable inmediatamente después de su cierre, lo que no solo garantiza la seguridad del suministro eléctrico, sino que, además, desmonta el argumento de que sería necesario utilizar más gas.

EMISIONES

En términos de emisiones, el informe identifica una reducción temporal del empleo de ciclos combinados entre 2028 y 2030. Sin embargo, este efecto se revierte tras el cierre definitivo de Almaraz al finalizar su prórroga.

Como resultado, el sistema eléctrico es menos renovable y más dependiente del gas. Así, los escenarios de prórroga en el periodo 2026-2023 generan entre 5,8 y 12,3 millones de toneladas de CO2 equivalente adicionales respecto al escenario de cierre, lo que implica un coste adicional de hasta 984 millones de euros en derechos de emisión, repercutidos de forma directa en el precio de la electricidad.

Incluso en caso de llevarse a cabo una prórroga indefinida de Almaraz, el escenario de cierre implica menos emisiones acumuladas en el periodo estudiado.

“INTERESES EMPRESARIALES”

Por otro lado, el estudio indaga sobre el reciente cambio de postura de las compañías eléctricas al solicitar la prórroga de Almaraz, subrayando que esta decisión responde a criterios estrictamente empresariales y no de seguridad.

Según el informe, el cambio de estrategia de las compañías está motivado por la previsión de un aumento del un 30% en el precio del gas respecto al promedio de 2015-2018, priorizando así su beneficio comercial sobre el calendario de cierre acordado.

"Los datos que arroja este informe hablan por sí solos: la prórroga de la vida útil de Almaraz, de producirse, frenaría la transición energética al reducir la inversión en renovables y se realizaría a costa del bolsillo de los usuarios, justamente lo contrario de lo que pidió el Gobierno para conceder una eventual aprobación”, indicó Francisco del Pozo, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace.

Del Pozo añadió: “En cambio, sostener el calendario de cierre nuclear acordado, incluyendo la clausura de Almaraz I en noviembre de 2027, es la vía más coherente para alcanzar la descarbonización”. “Frente a intereses empresariales cortoplacistas, este Gobierno estaría apostando por el bienestar de la ciudadanía mediante una medida que, además de mostrar credibilidad y liderazgo en la transición, garantiza competitividad, empleos verdes y la estabilidad del sistema eléctrico en las próximas décadas". subrayó.