Es una de las conclusiones del estudio 'Extensión de la enseñanza obligatoria hasta los 18 años', realizado por los profesores universitarios Jorge Sainz (URJC y University of Bath) e Ismael Sanz (URJC, FUNCAS y London School of Economics), al que ha tenido acceso Servimedia.

Los expertos han analizado si extender la educación de los 16 a los 18 años puede ser "una estrategia clave para aumentar el capital humano del país, con implicaciones profundas tanto a nivel individual como social", en un contexto económico que demanda "habilidades cada vez más avanzadas" y un mercado globalizado que precisa "trabajadores mejor preparados, no solo en competencias técnicas, sino también en habilidades transversales como la colaboración, el pensamiento crítico y la adaptabilidad".

Además, los investigadores subrayan que a pesar de que la tasa de abandono educativo temprano en España ha disminuido del 13,9% en 2022 al 13,0% en 2024, el país sigue situándose por encima de la media de la UE y lejos del objetivo del 9% establecido para 2030. "Reducir el abandono temprano es crucial no solo para mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes, sino también para contribuir al crecimiento económico y la cohesión social del país", sostienen.

"MÁS SATISFACCIÓN VITAL"

Para los autores, "la evidencia empírica muestra que prolongar la educación obligatoria puede traducirse en beneficios económicos tangibles, como un aumento en la productividad y los ingresos laborales futuros". "Además, a medida que se logra una menor tasa de abandono, es cada vez más difícil reducirla. Por ello, se requieren estrategias basadas en la evidencia para garantizar que la educación en España no solo sea accesible, sino también inclusiva y de calidad, promoviendo así el desarrollo personal y social de todos los jóvenes", apuntan.

A partir de otros datos y estudios los investigadores argumentan que "un año adicional de escolarización se asocia con incrementos salariales del 9%-15%, menor desempleo, mejor salud y más satisfacción vital" y que la prolongación educativa reduce desigualdades intergeneracionales, especialmente en estudiantes de entornos con menor nivel educativo parental.

También recuerdan que reformas similares en Canadá, Reino Unido, Noruega, Indonesia o Países Bajos demuestran "mejoras en titulación, ingresos y bienestar general tras la extensión de la educación obligatoria".

RECOMENDACIONES

Por todo ello Sainz y Sanz recomiendan elevar la edad de escolarización obligatoria hasta los 18 años, "garantizando la disponibilidad de itinerarios flexibles (FP, Bachillerato, programas de segunda oportunidad)", pero acompañando la medida "con mejoras en la calidad de la enseñanza, tutoría personalizada y apoyo socioemocional".

También proponen fortalecer los sistemas de alerta temprana y prevención del abandono escolar y asegurar "una transición coordinada entre niveles educativos y con el mercado laboral".

En resumen, "invertir en dos años más de educación obligatoria no es un gasto, sino una inversión de alto rendimiento en el capital humano y el futuro colectivo del país".

En concreto, a partir del análisis territorial realizado por los expertos, la medida sería "especialmente beneficiosa" en aquellas comunidades autónomas con tasas de abandono educativo superiores a la media nacional.

Mientras en 2024, comunidades como País Vasco (5,0 %), Cantabria (5,5 %) y Navarra (9,9 %) ya han logrado situarse por debajo o cerca del objetivo del 9 % fijado por la UE para 2030 y también Asturias (10,5 %), Madrid (10,5 %), Galicia (10,8 %) y Castilla y León (10,8 %) se aproximan al cumplimiento de este objetivo; otras regiones siguen registrando cifras preocupantes.

Destacan Melilla (26,0 %), Islas Baleares (20,1 %), La Rioja (17,0 %) y Murcia (18,2 %), con tasas notablemente superiores a la media nacional (12,98 %) y al promedio de la UE (9,3 %).

POSIBLES OBJECIONES

El estudio, al que ha tenido acceso Servimedia, incluye en sus páginas que una de las objeciones más frecuentes a la extensión de la educación obligatoria hasta los 18 años es que "supondría una restricción de la libertad de los jóvenes al imponerles permanecer en el sistema educativo dos años más".

Los autores lo rebaten porque creen que esta crítica se basa "en una concepción errónea de la libertad". "Como argumenta José Antonio Marina (2016), la educación obligatoria no niega la autonomía personal, sino que la potencia al garantizar que todos los jóvenes, con independencia de su origen social o familiar, cuenten con los conocimientos, competencias y actitudes básicas necesarias para ejercer esa libertad de forma efectiva", dicen.

También citan el estudio de López Rupérez et al. (2015), quien sostiene que “la aparente restricción de la libertad individual deriva, paradójicamente, en un incremento de la misma”, al aumentar las oportunidades reales de elección para todos los estudiantes. "De hecho, abandonar el sistema educativo a los 16 años no siempre es fruto de una decisión libre e informada, sino muchas veces de un contexto de desventaja que limita las opciones futuras".

"La extensión de la obligatoriedad es, en ese sentido, una política de equidad: nivela el punto de partida y permite a los jóvenes decidir con más madurez y más información", aseveran los profesores.

La segunda crítica habitual sostiene que entre los 16 y los 18 años los estudiantes ya tienen derecho a elegir y que imponerles continuar en el sistema educativo elimina esa capacidad de decisión. "Pero esta crítica pierde fuerza si se examinan las alternativas que ya contempla el marco normativo vigente, especialmente la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020), que ha reforzado la diversificación de trayectorias en la educación postobligatoria".