El Ejecutivo ha aceptado para este protocolo que las indemnizaciones estén exentas de tributación y ya trabaja para que se materialice. Además, las victimas que hayan acudido previamente al Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (Priva) de la Iglesia podrán sumarse a este protocolo, según señaló el el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras la firma del protocolo.

En el acto de rúbrica participaron, junto a Bolaños, el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el presidente de la CEE, Luis Argüello, y el presidente de la Confer, Jesús Díaz Sariego. Firmaron, en la sede del Defensor del Pueblo, el protocolo por el que se establece el marco institucional de colaboración para el funcionamiento del nuevo sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Dicho protocolo se enfoca a aquellos casos que no hayan tenido recorrido judicial, por prescripción o por fallecimiento del agresor.

En concreto, el documento desarrolla el acuerdo suscrito el pasado 8 de enero, que emplazaba a las partes a establecer un procedimiento para que el Defensor del Pueblo mediase con aquellas víctimas que no quieran acudir directamente a la Comisión Asesora del Priva. Lo establecido en enero, y en lo que se ha estado trabajando todo este tiempo para su firma este lunes, es que si las víctimas que cumplen los supuestos acuden a la Oficina del Defensor del Pueblo en esta institución se estudiará su caso y se propondrá una forma de reparación que será analizada por la Comisión Priva.

El protocolo detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas, detallan la CEE y la Confer en un comunicado.

Igualmente, destacan que las compensaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado y así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia.

El documento señala que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación que recibirá las solicitudes, ofrecerá orientación para la presentación de las mismas y se ocupará de la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas y el recabado de los informes necesarios. El Defensor del Pueblo, por su parte, constituirá la Unidad de Víctimas que se encargará de llevar a cabo -con un equipo de expertos profesionales independiente- la evaluación individualizada de las solicitudes. También elaborará la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación, teniendo en cuenta si esa víctima ya fue reparada anteriormente por el Priva o por la congregación religiosa.

La CEE y la Confer se encargarán, a través de la Comisión Asesora del Priva, de emitir un informe preceptivo motivado sobre cada una de las valoraciones de reconocimiento de la condición de víctima y de reparación que formule la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. En caso de discrepancia una Comisión Mixta estudiará el caso que, en última instancia será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la Confer, según el caso, añaden.

Además, el Gobierno ha aceptado una de las reclamaciones de la Iglesia: que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la Renta. Y destacan, por último, que esta se trata de una vía temporal con una duración de un año (prorrogable un año), para aquellas causas que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial, bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario. El 15 de abril, tras los diálogos de la Comisión del Priva y del Equipo del Defensor del Pueblo para fijar las reparaciones, entrará en vigor este sistema.

HACER JUSTICIA

Tras la firma del acuerdo, en una rueda de prensa, Bolaños puso de relieve que, tras varios años de trabajo y negociaciones, con este protocolo se “hace justicia” con las “miles de víctimas que en su día sufrieron abusos”, a las que “no solo nadie acompañó”, sino que también se “puso en duda lo que dijeron y fueron olvidadas”, lo que “aumentó el dolor”. Un protocolo, confirmó, del que informaron la pasada semana al Papa León XIV en el Vaticano durante la visita de los Reyes.

Insistió en que a partir de ahora, el Estado tendrá la última palabra, ya que el Priva, como destacó el ministro, era un plan elaborado por la Iglesia, lo que llevó a muchas víctimas a no confiar en ello por ser “juez y parte”. Por ello, defendió y ensalzó en varias ocasiones el que se apruebe un modelo mixto.

En lo que se refiere a la petición de que las indemnizaciones estén exenta de tributación por IRPF, Bolaños también confirmó que sería así y que el Ejecutivo ya trabaja en una norma con rango de ley para ello, la cual, confió, estará lista en “fechas razonablemente tempranas”. E insistió en que no se establecen baremos de indemnización porque cada caso es único, aunque sí que se fijan los criterios que han de dar lugar a la reparación económica, como la gravedad, la reiteración o la edad.

Por su parte, Angel Gabilondo subrayó que este protocolo es una respuesta a "años de sufrimiento y soledad" de las victimas de abusos cubiertos por un "injusto silencio". Asimismo, Gabilondo destacó que este proceso no ha de ser "cosificador", sino que ha de demostrar que la reparación es un "procedimiento flexible, personalizado, profesional y humano”.

Gabilondo también puso el foco en evitar la revictimización de las victimas y la no repetición como otros de los principales objetivos del protocolo. "Es necesario afrontar lo sucedido y adoptar medidas para que esto no vuelva a ocurrir”. Dijo que este acuerdo es una "declaración de voluntad para actuar con un objeto común”.

El protocolo establece un plazo máximo de tres meses para que la unidad de víctimas del defensor elabore una propuesta de resolución y, en su caso, reparación. Sin embargo, Gabilondo espera no tener que agotar los plazos, así como llegar a acuerdos desde el principio para que las victimas tengan su reparación lo antes posible.

Dicha propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Priva para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo, si no lo hay, se creará una Comisión Mixta para tratar de alcanzarlo por consenso en un plazo máximo de un mes. En total, en alrededor de seis meses -como máximo- las victimas podrían ver resueltos sus casos. Finalmente, Gabilondo, defendió que ejercerá su responsabildiad con "toda naturalidad" posible.

Luis Argüello vinculó el perdón a acciones concretas en la reparación de víctimas de abusos como es la firma de este acuerdo e insistió en que la reparación debe “caminar rostro a rostro”. En este sentido, dijo que la Iglesia ha tomado esta iniciativa y desea seguir "caminando hacia adelante, afianzando la prevención y la formación”.

Argüello y Jesús Díaz Sariego afirmaron que la exención fiscal estaba acordada previamente, pero no debía desarrollarse ahora porque "no es un protocolo con Hacienda”. Por último, sobre posibles casos ya indemnizados que acudan a la nueva vía, Argüello descartó cualquier devolución o revisión negativa: "No es nuestro estilo”.