El portavoz del grupo en el Parlamento de Cataluña, Higini Clotas, explicó que su partido tiene también la intención de formular diversas preguntas en la Comisión de Economía sobre los avales citados en el informe que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña envió al fscal general del Estado.

Clotas consideró positivo el informe de la Fiscalía del Estado que considera que en la concesión de avales por parte de la Generalitat no hubo delito, aunque insistió en que "conviene debatir en profundidad los aspectos políticos de una política de concesión que creemos errónea".

El representante del PSC indicó que su partido no pedirá ninguna dimisión de altos cargos de la Generalitat por el "caso de los avales".

Por su parte, Iniciativa per Catalunya (IC) calificó oy, a través de su portavoz parlamentario, Joan Saura, de "políticamente muy graves" las valoraciones realizadas por la Fiscalía General del Estado sobre la presunta malversación de caudales públicos por parte de 2 consejeros y 4 ex consejeros.

En su opinión, el informe "refuerza lo que nosotros veníamos diciendo, que los avales y préstamos de la Generalitat han sido concedidos de forma arbitraria y clientelar".

Para el presidente del Partido Popular (PP) de Cataluña, Aleix Vidal-Quadras, sin embrgo, la valoración de la Fiscalía "juzgada en estricto sentido legal no tiene mucho sentido". Según el líder del PP, expresiones como "aroma de corrupción" o "reprobación social" incluidas en el informe son "preocupantes".

Josep Maria Cullell, ex consejero de Economía y actualmente concejal del Ayuntamiento de Barcelona, cuyo nombre aparecía en el informe de la fiscalía de Barcelona entre los 6 altos cargos presuntamente implicados, dijo hoy que su actuación siempre se ha ajustado a la legalidad.

Cullell acusó a la fiscalía de "provocar, a través de filtraciones a la prensa, interesadamente un juicio antes de hacerlo y situarnos en una posición de indefensión a todos los que salíamos en los informes".

El informe interno de la Fiscalía General del Estado aconseja archivar el caso de los avales concedidos por la Generalitat a empresas privadas y, aunque admite que podría haber prevaricación, también señala que este delito ya ha prescrito.