Maroto puso como ejemplo la oficina de registro de Puente Vallecas, en la calle Pontones, que, según afirmó, ha estado cerrada con un cartel que indicaba que el registro solo se podía realizar de manera telemática, a pesar de ser una oficina donde los ciudadanos pueden acudir sin cita.

La portavoz socialista acusó al Ayuntamiento de "manipular a los vecinos y vecinas de Madrid con una información que es totalmente sectaria, sesgada, para que el proceso de regularización salga mal". Calificó esta situación como un "varapalo" para el progreso y el crecimiento de la ciudad, destacando que más del 20% de la población de Madrid es extranjera.

Asimismo, vinculó estas acciones a "alianzas y pactos de la vergüenza" y a "políticas de ultraderecha", los requisitos impuestos por la Empresa Municipal de la Vivienda en algunas de sus promociones que exigen una residencia de más de cinco años.

Consideró que esta es una política "contraria al sentido común, contraria a los derechos humanos, pero sobre todo contraria al progreso de esta ciudad, que es una ciudad abierta y que se caracteriza por su diversidad". Maroto interpeló al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, preguntando "cómo se puede hablar de libertad sin derechos", ya que el proceso de regularización otorga "derechos de ciudadanía".

Asimismo, Maroto abordó la saturación en los servicios sociales, señalando que esta situación existía "mucho antes de que el proceso de regularización estuviera en marcha". Denunció "listas de espera" en los servicios sociales, especialmente para acceder a la tarjeta familia y otros documentos necesarios para el informe de vulnerabilidad o la acreditación de residencia.

Finalmente, Maroto anunció que el PSOE de Madrid ciudad hará "todo lo posible" para informar a las entidades que trabajan con personas migrantes y evitar que el proceso, que es gratuito, sea aprovechado por "mafias organizadas" que abusen de la necesidad de estas personas, pidiendo al Ayuntamiento que también se preocupe por esta situación.