El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, recordó que el mandato de los magistrados nombrados a propuesta del Senado expiró el pasado 17 de diciembre de 2025 y que la Mesa del Senado, con mayoría absoluta del PP, ha adoptado ya cinco acuerdos para ampliar el plazo, lo que propicia una situación de bloqueo en la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Senado.

En el citado escrito, los socialistas solicitaron a la Mesa del Senado que admita a trámite la solicitud de reconsideración, que revoque el acuerdo para ampliar el plazo de la presentación de candidaturas y se fije de inmediato una fecha improrrogable para la Comisión de Nombramientos y la posterior elevación de los candidatos al Pleno de la cámara.

DERECHOS FUNDAMENTALES

Espadas aseguró que este bloqueo “es un flagrante y alevoso incumplimiento de nuestra Constitución” y lamentó que “provoca un enorme daño a nuestra arquitectura institucional por parte del Senado, cuya deliberada inacción supone una vulneración de los derechos fundamentales de los senadores, una lesión del derecho al ejercicio del cargo público”. “No solo eso. La parálisis priva a la ciudadanía de una representación efectiva en los procesos institucionales del Estado”, añadió.

El senador andaluz exigió la inmediata revocación de este acuerdo y explicó que la utilización sistemática de prórrogas y ampliaciones de plazos para dilatar la renovación de un órgano constitucional constituye “un uso abusivo de los plazos y de la capacidad de ordenación del debate”.

De hecho, el mismo Tribunal Constitucional ya advirtió de que las Mesas de las Cámaras no gozan de una facultad discrecional ilimitada para ampliar plazos e incurren en una lesión constitucional cuando paralizan el normal desarrollo de las funciones de las Cortes.

EN RIESGO LA ESTABILIDAD INSTITUCIONAL

El portavoz de los socialistas insistió en que el retraso injustificado de la Mesa del Senado incide directamente en la composición y legitimidad del Constitucional, alterando su normal funcionamiento y estabilidad institucional.

A su juicio, prolongar de manera artificial e interesada los plazos supone forzar la prórroga temporal de magistrados salientes, desvirtuando el diseño constitucional de renovación periódica por tercios.

Para Espadas, este proceder del Senado, dominado por la mayoría absoluta del PP, supone una grave quiebra del principio de lealtad institucional y un daño inadmisible en las relaciones interorgánicas del Estado democrático de Derecho.