La norma, que comenzará ahora el procedimiento parlamentario, exige “procedimientos administrativos y plataformas digitales disponibles en todas las lenguas oficiales"; criterios lingüísticos en la contratación pública y en ámbitos sectoriales como Consumo, Transportes, Seguridad, y Audiovisual; y que “la lengua propia sea nuclear y de dominio equivalente con el castellano al finalizar la etapa básica” en educación.

Concretamente, sitúa como objetivo central garantizar que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho a relacionarse con los órganos del poder judicial, las instituciones constitucionales y la Administración General del Estado en cualquiera de las lenguas oficiales del territorio, con plena validez jurídica.

Entre los ejes de la reforma destacan medidas en la Administración de Justicia, como el requisito de conocimiento de la lengua propia para acceder a plazas en comunidades con lengua oficial distinta del castellano, así como la adaptación integral de los procedimientos administrativos y de las plataformas digitales a todas las lenguas oficiales.

La iniciativa también incorpora criterios lingüísticos transversales en la contratación pública y regula ámbitos sectoriales clave como consumo, seguridad, transporte o comunicación audiovisual, donde se refuerza de manera significativa la presencia y uso de las lenguas oficiales distintas del castellano.

En el ámbito educativo, la ley establece que la lengua propia de cada comunidad autónoma será normalmente vehicular, con el objetivo de garantizar que el alumnado domine tanto esa lengua como el castellano al finalizar la educación básica. Según los grupos promotores, esta medida “refuerza la igualdad de oportunidades y certifica una competencia lingüística equilibrada en todo el territorio”.

DEBATE

El diputado de ERC Francesc-Marc Alvaro defendió la iniciativa en nombre de todos los grupos firmantes y denunció que “la debilidad del plurilingüismo es escandalosa” en España. Por ello, reclamó acercar la Administración que se financia “entre todos” los ciudadanos a la “potente realidad” plurilingüística con 15 modificaciones de leyes estatales.

El objetivo es “eliminar los desajustes provocados por la simetría del modelo lingüístico español y la escasa promoción de la diversidad lingüística”. Y reclamó el apoyo del PSOE. “Interpreten bien el sentido histórico de esta ley”, dijo. “Debemos dejar de cambiar lengua para vivir con libertad, ha llegado la hora de cambiar las leyes y no la lengua”.

Los socialistas recogieron el guante y su diputado Marc Lamuà confirmó el voto a favor de su partido porque “cuidar” las lenguas es “cuidar la democracia” y “garantizar su uso es garantizar derechos fundamentales” de todos los ciudadanos de regiones con lenguas propias.

La diputada de Junts Pilar Calvo secundó la iniciativa a pesar de que se “autoexcluyó” de la misma en un principio porque, “en lugar de empoderar Cataluña, lo que hace es estatalizar la normativa lingüística”. Los independentistas la enmendarán durante su tramitación parlamentaria, aunque se mostraron convencidos de que el PSOE la congelará en la Mesa del Congreso con la prórroga 'sine die' del plazo de presentación de enmiendas, impidiendo así su debate y su consecuente e hipotética aprobación.

El parlamentario de Podemos Javier Sánchez Serna también se adhirió a la iniciativa porque, en su caso, considera que ataja una “anomalía histórica” y completa la “transición lingüística” que España tiene pendiente frente a las críticas de PP y Vox, partidos a los que tildó de “tardofranquistas”.

OPOSICIÓN DE PP Y VOX

La diputada del PP y vicepresidenta cuarta del Congreso, Marta González, rechazó la iniciativa porque, en su opinión, se trata de “una imposición de la agenda independentista”. La gallega alertó de que “trasladar la cooficialidad de las lenguas” supone “desbordar la Constitución” y pretende convertir el castellano en una “lengua secundaria” en algunos territorios.

González denunció que el Congreso ha dejado de ser el “corazón legislativo” y ha mutado en un “laboratorio donde se prueban todas las fórmulas legislativas para contentar” a los socios del PSOE y conseguir unas “horas” más para “una legislatura que da ya sus últimas boqueadas en diferentes lenguas”.

El diputado de Vox Jorge Campos, por su parte, acusó a los partidos nacionalistas de intentar “acabar con el español como lengua común” de la mano del PSOE, y les recriminó que pidan más derechos cuando ellos han “pisoteado” los de los “hispanohablantes” en Cataluña y País Vasco. “Son unos agresores lingüísticos”, les atacó Campos, quien interpretó que la ley “dejaría sin trabajo” a miles de funcionarios y genera más “odio” hacia las lenguas cooficiales.