Así lo afirmó el senador Alfonso Gil Invernón este lunes, con motivo de la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado, en la que el senador del PP, Alejo Miranda de Larra, esperó que la incomparecencia de Rodríguez "no se haya debido ni a coacciones, ni a presiones, ni a connivencia, ni a ningún otro tipo de contraprestación por parte ni del entorno del señor Ábalos, ni de ningún miembro de la trama y, por supuesto, esperemos que no sea así, ni del PSOE ni del Gobierno".

Gil, en su turno de palabra, acusó al senador popular de imputar a su partido "un delito de coacción" y le pidió que "si tiene pruebas, acuda a los tribunales y si no las tiene, el que va a ir a los tribunales es usted".

Minutos más tarde, fuentes del PSOE en la Cámara Alta insistieron en que "esta grave insinuación se enmarca en la deriva antisistema del PP, que pretende alimentar teorías conspiranoicas sin fundamento". Por lo que, "esta grave insinuación debe ser retirada de inmediato o podrá ser llevada a los tribunales", recalcaron.

Los populares mantuvieron esta afirmación a la salida de la comisión y añadieron que, de ser así, "sería algo gravísimo y estaríamos vulnerando derechos constitucionales ante la situación que estamos viviendo", zanjó Miranda.

Rodríguez, que mantuvo una relación con Ábalos entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, iba a ser interrogada por diversos aspectos, entre los que está su contratación en las empresas públicas Ineco y Tragsatec; los viajes oficiales al extranjero en los que acompañó a Ábalos; y el piso en la Plaza de España de Madrid cuyo alquiler presuntamente pagó la trama vinculada a Víctor de Aldama.

A estas cuestiones, la compareciente, estaba citada a las 11.00 horas, pero remitió un parte médico para evitar acudir a la comparecencia. Rodríguez debía responder a lo que se le plantase, ya que no está imputada en ningún procedimiento judicial, lo que implica que no puede acogerse al derecho a no declarar ante la comisión del Senado.

Según el artículo 24.2 de la Constitución española y la Ley de Enjuiciamiento criminal, este derecho está reservado a quien está encausado en un procedimiento judicial y cuando los hechos objeto de la investigación parlamentaria coinciden con un procedimiento judicial en curso. El PP aseguró que volverá a solicitar su comparecencia, ya que la considera "una pieza fundamental de la trama" y "tiene que dar explicaciones".