En declaraciones difundidas por el partido, Giraldo reconoció que la sentencia es un "precedente muy bueno" y puso el foco en que no cierra estas viviendas "porque sean ilegales, que lo son, sino por los problemas que estaban causando de salud y de ruidos a una familia" que vive en el edificio.

En ese sentido, animó a los vecinos a que "se empoderen y denuncien esta misma práctica". No obstante, apuntó que el hecho de que se anime a los vecinos a denunciar no significa que la responsabilidad del cierre de pisos turísticos ilegales no sea del Gobierno municipal, que "es el que tiene la responsabilidad".

"Nos parece muy bien que los vecinos tengan estas herramientas y que desde el Gobierno de España se esté trabajando también para que tengan más herramientas como el poder prohibirlas en sus comunidades de propietarios, pero el Ayuntamiento de Madrid no puede eludir la responsabilidad que tiene y tiene que clausurar las más de 16.000 ilegales que hay en la ciudad", zanjó.