Asímismo, la próxima semana, según informó a Servimedia el diputado del PSOE Zenón Giménez Ridruejo, se constituirá la anunciada comisión de investigación del caso, aplazada por la campaña electoral. La comisión de investigación estará formada por seis diputados de las Cortes de Castilla y León repartidos del siguiente modo: dos por el PP, dos por el PSOE, uno por el CDS y uno por el Grupo Mixto.

Zenón Giménez Ridrueo, responsable de asuntos económicos del PSOE en las Cortes, quien formará parte de la comisión de investigación por el PSOE, explicó que "nuestra primera demanda será que la documentación se entregue al fiscal de Valladolid para que inicie un proceso judicial paralelo" por si las actuaciones de Sánchiz fueran constitutivas de delito.

El consejo de gobierno de la Junta que preside Juan José Lucas acordó el pasado jueves revocar la subvención por valor de 600 millones de pesetas concedida a la sociedadBéjar Patrimonial para que reflotara la empresa Hispano textil de Béjar, en la provincia de Salamanca.

Del mismo modo se aprobó reclamar a Ignacio Sánchiz, responsable entonces de ambas sociedades, la devolución del dinero en su totalidad. A estos acuerdos se llegó como consecuencia de un informe elaborado por el interventor de la Junta en el que se confirmaban "irregularidades" en la gestión de ese dinero, que no impidió el cierre de la empresa.

Ignacio Sánchiz será el primero en comparecer antela comisión de investigación, aseguró el diputado socialista. Sánchiz constituyó en 1993 una empresa de construcción, Bayopsa, en Baleares. Tras obtener algunas obras, obtuvo por parte del Gobierno Balear la adjudicación de las obras de reforma de la carretera Deía Sóller valoradas en algo más de 300 millones de pesetas.

El PSOE en Baleares desarrolla una investigación de las actuaciones de Sánchiz en las islas, a petición de su colegas en Valladolid, que permanece abierta. El secretario general del POE en Baleares, Francesc Triay, solicitó en su momento información al Gobierno Balear acerca de Bayopsa y su responsable, Ignacio Sánchiz, con el objeto de garantizar la solvencia de la empresa.

Del mismo modo, el consejero de Obras Públicas, Bartomeu Reus, contactó con su homónimo en aquella comunidad "sin que de la información obtenida se encontrará motivos para revisar la adjudicación", señaló en su día Reus.