Así consta en el voto particular que los socialistas han registrado al informe que la Comisión General de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta debe realizar sobre la proposición de Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña, aprobado el 4 de abril de 2024.

En la reunión de esta comisión que tendrá lugar el lunes, según informó el PSOE, intervendrá en defensa del voto particular, el senado Javier Remírez, miembro de la Ponencia, mientras que Juan Espadas, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y portavoz de la Comisión, lo hará dentro del turno de portavoces.

Según el texto, el PSOE defiende que “lejos de ser una figura inconstitucional, la amnistía se configura como una facultad de las Cortes Generales en el ejercicio del derecho de gracia, de la misma forma que el indulto constituye la potestad del poder ejecutivo para ejercer, en el marco de sus atribuciones constitucionales, ese mismo derecho de gracia”.

Aprovechan el escrito en el PSOE para señalar que “resultan difícilmente compatibles con el respeto al principio de lealtad constitucional las acciones que desde esta misma Cámara se están impulsando por la mayoría representada en el Grupo Parlamentario Popular en el marco de la tramitación de la proposición de ley orgánica que nos ocupa”.

Consideran que esta ley “no puede interpretarse como un alejamiento de nuestro marco legal” sino que “muy al contrario”, porque “es una herramienta que lo fortalece y mira hacia el futuro, devolviendo al debate parlamentario las divisiones que siguen tensando las costuras de la sociedad, mediante una renuncia al ejercicio del ius puniendi por razones de utilidad social que se fundamenta en la consecución de un interés superior: la convivencia democrática”.

“Desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea, la institución de la amnistía está perfectamente homologada” asegura el PSOE en su escrito, en el que también afirman que “la amnistía es una figura jurídica del derecho de gracia dirigida a excepcionar la aplicación de normas vigentes cuando los actos que hayan sido declarados o estén tipificados como delito o determinantes de cualquier otro tipo de responsabilidad se hayan producido en un contexto concreto”.

De hecho, el PSOE recuerda el informe de la llamada Comisión de Venecia que pidió el Senado y cómo entiende esta que “para conciliarse con el principio de separación de poderes, las amnistías no deben eliminar por completo la autoridad del poder judicial. Por esta razón, considera que un procedimiento por el cual se confía al poder judicial, por decisión de las Cortes Generales, determinar sobre si personas concretas cumplen los criterios generales determinados por estas para la aplicación de la amnistía es conforme con el principio de separación de poderes”.

Los socialistas también se aferran a que “aunque los constituyentes de 1978 no reconocen expresamente la amnistía, decidieron no prohibirla. Lo que sí prohíbe expresamente la CE es que el Rey autorice indultos generales”

Por otro lado, el PSOE considera que se debe “salvaguardar” esta Comisión y no elevar a la misma “cualquier iniciativa legal”, además “de la dificultad que presenta la delimitación del “contenido autonómico”, después de un repaso del sentido conferido a la creación de esta comisión reservada para cuestiones de estricto ámbito autonómico.

Así consideran los socialistas en el escrito firmado por su portavoz, Juan Espadas, que esta iniciativa del PP “no es el caso” para la convocatoria de esta comisión y exponen lo “contradictorio” del argumento de los populares porque con la ley de vivienda, a la que acusan de que “invadía competencias” autonómicas no han convocado a la comisión.