En declaraciones a Servimedia, Rodríguez Zapatero consideró que esa reducción de cargos resultará ficticia y no coincidirá con las promesas electorales que en su día hicieron los populares sobre la reestructuración de la Administración central, que, a su juicio, fueron "falsas" y "demagógicas".

En opinióndel parlamentario socialista, la creación de dos nuevas vicepresidencias y el cambio de denominaciones de cinco ministerios acarrearán un notable gasto público, que contrasta con el mensaje de austeridad tantas veces reiterado por Aznar.

Igualmente, recordó que en la Administración socialista un 80 por ciento de los altos cargos eran funcionarios, con un alto nivel de profesionalidad, y que ahora la tendencia es eliminar a esos funcionarios de los puestos de mayor responsabilidad.

Por lo que se rfiere al modelo de financiación autonómica acordado por los populares y los nacionalistas catalanes, Rodríguez Zapatero expresó su convencimiento de que la puesta en marcha de este nuevo sistema puede suponer "serios retrocesos" en cuanto a la solidaridad interterritorial.

CAMBIO DE INSTRUMENTOS

"El punto central de este debate", añadió, "es que en el contexto de los acuerdos no están definidos los instrumentos de solidaridad. Un cambio en el modelo de financiación, introduciendo la corresponsabilidd, seguramente exigirá un cambio en los instrumentos de solidaridad con los que ahora contamos".

El portavoz socialistas, que aludió a la bisoñez y a la descoodinación mostrada en sus declaraciones por algunos ministros del nuevo Gabinete, se refirió a la petición de CiU de que no sean nombrados nuevos gobernadores civiles, en virtud del acuerdo logrado entre ambas partes para la eliminiación de esta figura administrativa.

Rodríguez Zapatero aseguró que al final el Ejecutivo "hará lo que le diga ujol", cuando, a su modo de ver, una decisión de estas características debería haber contado con un amplio debate en el Parlamento.

El gobernador civil, según el diputado del PSOE, cumple importantes funciones en el área de la defensa de los derechos y las libertades públicas y su continuidad está plenamente justificada.