El PSOE considera que Luis Gámir incurre en incompatibilidad según la Ley rgánica de Régimen Electoral, que establece el principio de que la actividad de los parlamentarios es incompatible con cualquier otra, salvo muy concretas excepciones, entre las que no se encuentra el Consejo de Privatizaciones.

"Esta actividad", dijo el secretario general adjunto del Grupo Socialista, Alvaro Cuesta, "podría entrar en colisión con la función parlamentaria por contradicción entre los intereses que debe representar un parlamentario en el ejercicio de su función y los que debe defender e el seno del órgano consultivo".

Por ello, el Grupo Socialista se manifiesta contrario al dictamen emitido por la Comisión del Estatuto de los Diputados, que le autorizó para mantener ambos puestos, por "estrictos argumentos jurídicos".

El PSOE presentará en el pleno de esta tarde una proposición por la que pide que se paralice el funcionamiento del órgano consultivo de las privatizaciones y que se regule legalmente su actuación, puesto que este órgano creado por el Gobierno "ni siquiera ha dejad rastro en el Boletín Oficial del Estado".

Los socialistas critican también la elección de los miembros de este organismo, que fueron nombrados a través de una orden ministerial y que tampoco fue publicada en el BOE.

"El propio Gobierno califica al Consejo Consultivo de Privatizaciones de 'sui generis', porque depende de la Administración Pública pero además es un órgano de control y fiscalización del proceso privatizador", aseguró Cuesta.

La naturaleza de este órgano hace afirmar al PSOE qu este organismo es "un elemento de armonización y coordinación de los 'lobbies' y de los intereses privados en juego en las privatizaciones, pero nunca un órgano que garantice transparencia, control o fiscalización en ese proceso".

Independientemente de esta crítica, los socialistas sí consideran "imprescindible" un marco legal que garantice la transparencia, en contra de "la actitud del Gobierno, que es de absoluta opacidad".