Socialistas y Esquerra creen que ese pacto debe sustentarse sobre el amplio consenso político y social logrado en torno a la aprobación del Reglamento de la Ley de Extranjería.

La resolución pide que se diseñe un plan estratégico de integración de los inmigrantes que tenga como principal objetivo favorecer una convivencia ordenada, basada en el mutuo respeto entre individuos y comunidades.

El texto aboga además por el refuerzo de los medios de lucha contra la inmigración irregular, tanto los referidos al control de fronteras y las repatriaciones, como los relacionados con la persecución de la economía sumergida y las contrataciones irregulares, reforzando particularmente la inspección laboral.