En la rueda de prensa previa al Pleno de este martes, Maroto detalló que su grupo ha presentado una propuesta de urgencia con dos medidas. La primera es “movilizar en un plazo máximo de tres meses, las 1.300 viviendas municipales que actualmente están vacías y que pueden ser adjudicadas priorizando aquellas familias o personas en situación de especial vulnerabilidad”. La segunda es aprobar un protocolo de prevención de desahucios para que exista una “intervención municipal” desde que se tenga conocimiento del procedimiento, combinando servicios sociales y asesoramiento jurídico para “evitar la pérdida de vivienda habitual y garantizar una alternativa vital digna”.

La portavoz socialista subrayó que el Ayuntamiento no puede limitarse a “gestionar la emergencia cuando el lanzamiento ya está encima de la mesa”, como ha sucedido con el caso de Maricarmen, sino que debe “detectar, mediar, acompañar”. En este sentido, afirmó que el Pleno permitirá conocer si el alcalde “está dispuesto a movilizar vivienda municipal vacía para situaciones de emergencia” y a establecer un protocolo de actuación temprana.

Maroto también criticó la gestión de los pisos turísticos y anunció que preguntará por el balance del 'Plan Reside' un año después de su vigencia. Denunció que existen “familias que denuncian procesos de expulsión de sus edificios ante el incremento de la presión turística” y citó los casos de los vecinos de las calles Valverde 42 y Duque de Liria, que, según dijo, estaban protegidos por la normativa anterior, en un escenario en el que sus viviendas “están en manos de fondos buitre”.

Además, se refirió a un informe de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid que indica que el 75% de los pisos turísticos se anuncian sin el código de registro obligatorio y que un 30% de los que sí lo tienen “serían ilegales" según la normativa del Ayuntamiento. Para Maroto, esto demuestra que el plan es un “fracaso” y que las políticas del PP “ponen la alfombra roja a los especuladores”.

Finalmente, la portavoz del PSOE planteó una disyuntiva para el alcalde: “Almeida tiene que decidir. Entre el piso, el ático de lujo de Ayuso o los hogares de todas las Maricarmen de Madrid, entre proteger el lujo de unos pocos, el negocio de unos pocos o proteger las viviendas de los madrileños”.