Estos pagos por encima de 1.000 euros a Cerdán figuran en la documentación que el PSOE ha entregado al Tribunal Supremo para aclarar el descuadre en sus abonos en efectivo que detectó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La formación socialista sostiene que todos los pagos están justificados, aunque señala que Koldo García pudo tener "alguna intervención" en la gestión de "cobros de liquidaciones de gastos en metálico" del partido. Según Ferraz, el dinero que retiró este imputado era para el "equipo de Organización" de la formación política y no para personas concretas, como Cerdán o José Luis Ábalos.

Sobre Cerdán, en la documentación entregada al Supremo y a la que ha tenido acceso Servimedia, se constata que este exdirigente socialista recibió pagos por encima de 1.000 euros cuando la ley ya lo impedía.

PARTICULARES Y ORGANIZACIONES

Así, según la contabilidad del PSOE, el exsecretario de Organización recibió 1.072,60 euros en septiembre de 2023 y 1.587,20 euros en enero de 2024. Se da la circunstancia de que desde julio de 2021 estaba en vigor la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

Esta norma, destinada a prevenir y luchar contra el fraude fiscal fue una respuesta del Gobierno para combatir la evasión y ocultación de capitales. Esta normativa reforzaba el control tributario y adaptaba la legislación nacional a las directivas europeas, y modifica hasta 19 leyes fiscales clave, entre ellas la Ley General Tributaria y la de los principales impuestos.​

Entre las medidas más relevantes estaba la reducción del límite de pagos en efectivo a 1.000 euros cuando intervienen empresarios o profesionales, lo que pretendía limitar operaciones que escapan al control fiscal y evitar la economía sumergida. También incluía límites para aparecer en la lista de morosos, sanciones ante doble contabilidad y reforzaba la inspección de la Agencia Tributaria.​

La ley afectaba tanto a empresas como a personas físicas, introduciendo además nuevas obligaciones para autónomos y pymes, especialmente en la gestión de programas de facturación electrónica y la trazabilidad de operaciones económicas. El refuerzo de estos controles buscaba aumentar la transparencia y mejorar la capacidad de persecución del fraude.​