En opinión del PSOE, la doctrina del Tribunal Constitucional obliga al Gobierno y a las administraciones a adoptar medidas urgentes para responder a la sentencia "con las instrucciones oportunas a los órganospúblicos, y con la comunicación a las personas afectadas de lo que el TC ha decidido y de las consecuencias para el disfrute de sus derechos".

Los socialistas consideran asimismo que también obliga al Gobierno y a la Agencia de Protección de Datos a dar las correspondientes instrucciones "a empresas privadas que están vulnerando los derechos reconocidos por el TC".