Con esta propuesta, enmarcada en la conmemoración de la iniciativa del Gobierno 'España en libertad. 50 años', los socialistas quieren reconocer la labor de estos profesionales "depurados" el franquismo e instar al Gobierno a "fomentar su difusión entre los jóvenes a través de iniciativas educativas y de divulgación científica e histórica".

En la exposición de motivos de la PNL se afirma que "a lo largo de la historia los libros han sido venerados o admirados, pero también despreciados y destruidos por ser considerados un arma peligrosa que invita a pensar y reflexionar". Así, los socialistas exponen que "cuando se habla de quema de libros en el siglo XX, la imagen que viene a la cabeza es la de Berlín de 1933, cuando en una gran hoguera ardieron miles de ejemplares de obras consideradas 'antialemanas'" y se explica que, sin embargo, "es menos conocido" que, "desde el golpe de estado de julio de 1936 hasta el final de la guerra, numerosas hogueras se encendieron en las ciudades y pueblos de España en las que ardieron gran número de publicaciones tildadas de 'antiespañolas' y 'envenenadoras del alma popular'".

"Es difícil analizar la destrucción del patrimonio bibliográfico de la dictadura porque el régimen franquista se encargó posteriormente de borrar este capítulo negro de la historia, por ello es fundamental documentar y analizar la prensa afín a los sublevados durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra. Desde los primeros días del golpe militar los sublevados se centraron en la incautación y destrucción de libros y la depuración de bibliotecas públicas y privadas. Al mismo tiempo que muchos maestros, bibliotecarios, editores y libreros fueron fusilados", recoge el texto.

La PNL recoge asimismo una de las famosas frases atribuidas a uno de los militares sublevados, José Millán Astray, primer jefe de la Legión, en la fiesta del 12 de octubre de 1936 en el paraninfo de la Universidad de Salamanca donde tuvo un incidente el rector de la institución, Miguel de Unamuno: "¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte!".

El texto hace referencia a varios episodios contra librerías y a quemas públicas que se produjeron en A Coruña, el 19 de agosto de 1936, "donde ardieron más de 1.000 libros de autores como Ortega y Gasset, Pío Baraja, Miguel de Unamuno o Blasco Ibáñez, junto a la biblioteca personal del diputado de Izquierda Republicana y presidente del Consejo, Santiago Casares Quiroga. Y en Oviedo, se clausuró la Biblioteca Popular Circulante y parte de la directiva sufrió la represión política o el exilio".

"Libreros y bibliotecarios pagaron con la vida su compromiso con la cultura. Es el caso del librero Miguel d’lom de Ceuta; del librero, editor e impresor Rogelio Luque, en Córdoba; de la maestra de Zaragoza, Pilar Salvo, responsable de una biblioteca infantil; o de la pedagoga y bibliotecaria, Juana María Capdeviele. Los profesionales que habían permanecido en la zona gubernamental fueron sancionados a posteriori, como ocurrió con la autora del Plan de Bibliotecas Públicas de 1938, María Moliner; o con Carmen Caamaño, que fue separada del Cuerpo de Archivos y Bibliotecas", expone el texto.