En el escrito recogido por Servimedia, se indica que esta falta de explicaciones sería un indicio de presuntas irregularidades en la gestión del patrimonio público autonómico.

Los senadores de los que es portavoz Mar Espinar informaron de que han cursado su solicitud ante el Tribunal de Instancia de Madrid. La causa son las Diligencias Previas 2317/2026, y la formación socialista explica que actúa tras la denuncia que había presentado el pasado 7 de agosto ante la Fiscalía especializada en Delitos Económicos de la región.

Los socialistas señalan a los que consideran responsables de la adquisición del ático en el Paseo del General Martínez Campos por la empresa pública Planifica Madrid. El Ejecutivo autonómico dijo, inicialmente, que el inmueble serviría como oficina provisional de Ayuso ante unas obras en las dependencias oficiales. Sin embargo, la vivienda sólo tenía uso residencial y, ante la polémica, fue puesta a la venta y el Gobierno regional anunció que lo que se ingrese se destinará a los afectados por los incendios de este verano en la sierra oeste de la comunidad.

FALTA DE TRANSPARENCIA

No obstante, el PSOE quiere que se expliquen judicialmente los posibles responsables de la operación del ático, entre los que incluye a los miembros del Consejo de Administración de Planifica Madrid, presidido por el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín. Se busca determinar si incurrieron en los delitos de los artículos 404, 432 y 433 del Código Penal, sin perjuicio de ulteriores calificaciones.

La formación socialista ve “sonrojantes lagunas de transparencia" tanto en el origen de la compra del inmueble como en las sucesivas justificaciones dadas después por el Gobierno regional.

El escrito relata que el diario ‘El País' publicó el 29 de julio que Planifica Madrid había comprado un ático de 485 metros cuadrados -200 de ellos de terraza- en la calle General Martínez Campos, en el distrito de Chamberí, con un valor de mercado que rondaría los seis millones de euros. La operación, según esas informaciones no desmentidas por la Comunidad, se habría formalizado ante notario el 14 de abril.

“CONFIDENCIALIDAD”

Ayuso confirmó la compra en rueda de prensa el 29 de julio y la justificó por unas "reformas integrales" en la sede de la Real Casa de Correos, que obligarían a un "traslado temporal" de la Presidencia para "reuniones institucionales". El escrito recoge que ese despacho debía albergar, según las explicaciones oficiales, "despacho, sala de reuniones, recepción de visitas, seguridad y espacio para un equipo mínimo de apoyo".

El PSOE sostiene que esa justificación es inconsistente porque las obras invocadas no figuraban licitadas ni presupuestadas cuando se produjo la compra, y porque las que sí estaban adjudicadas desde agosto de 2025 afectaban solo a la cubierta y la fachada del edificio, no a la planta de Presidencia. El escrito atribuye a fuentes de la Consejería de Presidencia la versión de que esos trabajos comenzarían en agosto y afectarían al despacho de la mandataria a partir de octubre.

Los de Mar Espinar denuncian que la operación estuvo rodeada de "confidencialidad" desde su origen, con acuerdos de discreción suscritos tanto por la vendedora, Astrid Gil-Casares, como por la inmobiliaria encargada de la venta, Promora. El escrito subraya además que la compra no aparece reflejada en el portal de transparencia de Planifica Madrid ni en sus presupuestos, pese a los meses transcurridos desde su formalización.