Así lo expresaron el concejal socialista Pedro Barrero y la edil de Más Madrid Lucía Lois. La medida, anunciada este jueves, persigue que las familias con "sueldos medios" de la ciudad puedan acceder también a alquileres asequibles del Ayuntamiento. Según lo anunciado, los umbrales pasarán de 3,5 veces el (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) a 5,5 o 7,5, dependiendo del tipo de parcela.

Así, el límite máximo, en el caso de 7,5, sería el de una unidad familiar con unos ingresos brutos de hasta 90.000 euros al año. El alquiler sería proporcional a dichos ingresos, pero siempre inferior a un 30% de esa renta anual.

Los socialistas se mostraron favorables a "ampliar el acceso a la vivienda para rentas medias". No obstante, Barrero reprochó que no se puede hacer "a costa de quienes más lo necesitan" porque hay familias por debajo del 3,5 de Iprem que "siguen esperando una vivienda pública en Madrid".

"Lo que está haciendo el Ayuntamiento es profundamente injusto, crear un nuevo programa mientras deja atrás a los más vulnerables e incluso les sube los costes con incrementos de comunidad y nuevas tasas que encarecen el alquiler más de un 30%", reprochó el concejal socialista.

Asimismo, criticó que se excluya a los mayores de 50 y que se exijan 5 años de arraigo. "Da la sensación de que estas viviendas tienen nombre y apellidos. Y lo más grave, se hace con total opacidad, sin pasar por el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda, sin transparencia y sin explicar qué criterios se están siguiendo para elegir las parcelas".

Por su parte, Lucía Lois cargó contra Almeida por "utilizar el suelo público para hacer vivienda para ricos mientras desahucia a la gente más vulnerable de sus casas". "Hace menos de un mes, el delegado de vivienda defendió en comisión que su modelo no iba a dejar fuera a gente más vulnerable. Hoy anuncia un modelo de construcción de vivienda para rentas altas que deja fuera justamente a los más pobres".

Añadió, además, que la medida llega un día antes de que se desahucie a una familia con un hijo con discapacidad de un piso público en Usera. "Nos preguntamos si los pisos que dejan vacíos estas familias, las más necesitadas de la ciudad, también se las va a dar a quienes ganen 80.000 euros al año".