Rubiño fue el primero en hacer declaraciones y aseguró que la sentencia es un “ejemplo perfecto de ese urbanismo descontrolado y a la carta del Partido Popular siempre a favor de los intereses de unos pocos”.

Celebró la “victoria vecinal” y la decisión de la justicia en línea con las advertencias que había lanzado Más Madrid. “Lo que ha quedado patente es exactamente lo que nosotros dijimos en primera instancia, que es que no había una razón de interés público que justificara la construcción de dicho parking”.

Apuntó además que en la capital hay un “reguero de casos” en los que hay una “situación de injusticia y una vulneración de los derechos de los vecinos y de las vecinas a favor de los intereses de quienes están intentando dar un pelotazo”.

Por su parte, Giraldo también ofreció declaraciones y subrayó la falta de “interés general” en estas obras, que es “lo que habitualmente le suele pasar en los varapalos judiciales” a los que “este Gobierno municipal acostumbra”. También advirtió de una “negligencia” en la “dirección política del Ayuntamiento”.

El delegado de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante, afirmó este martes que la sentencia no entra en el “fondo de la cuestión”. No obstante, para Giraldo precisamente es “el fondo” lo que valora porque los aparcamientos “no se ajustaban" al "plan especial que se aprobó el año 2017”, “no se justifican los estudios de movilidad “ y “se había cambiado el canon” estipulado en la concesión de la gestión de los aparcamientos al Real Madrid, por lo que “hubiera hecho falta una nueva información pública que no se hizo”.

SENTENCIA "DEMOLEDORA"

Declaró que la sentencia es “demoledora” y se refirió a distintos procesos judiciales desfavorables al Ayuntamiento en cuestiones relativas al ordenamiento y el urbanismo en la ciudad. “A lo mejor una vez te puedes equivocar, pero cuando ya son muchas sentencias que dicen siempre lo mismo, la ordenanza de terrazas, la ordenanza de movilidad sostenible que anuló las Zonas de Bajas Emisiones y que está recurrida, planeamientos urbanísticos anulados una y dos veces como Cuatro Caminos, el plan especial de la avenida del Mediterráneo, en fin, es una mala praxis que opera en la dirección política del Ayuntamiento”, apuntaló.

Giraldo pidió que la sentencia no se recurra y recordó que el Ayuntamiento debe pagar las costas judiciales, que ascienden a 6.000 euros. “Lo van a pagar con dinero de todos nosotros”. Finalmente preguntó de forma retórica quién va a “pagar el agujero” que suponen los trabajos que ya habían comenzado y que ocupan un espacio que ahora mismo “no es disfrutable”.