De prosperar esta iniciativa, el Ejecutivo estaría obligado a enviar a las Cortes un informe sobre las inversiones públicas efectuadas por estos procedimientos extrapresupuestarios.

Pleguezuelos afirmó que el modelo de pago aplazado, como mecanismo de financiación extrapresupuestaria de la obra pública, ha sido una herramienta del Gobierno que pretendía cumplir dos objetivos: por na parte, compensar el recorte presupuestario de la inversión pública en infraestructuras y de obra y, por otro lado, cumplir los objetivos concretos de déficit público de la convergencia europea, aplazando a otros presupuestos la deuda que tales inversiones conlleva.

En opinión de la senadora socialista, este modelo ha permitido al Gobierno decidir durante dos presupuestos, sin el refrendo del Parlamento, qué infraestructuras realizar, en qué territorios y con qué plazos, es decir, "en la práctica leha dado un importante margen de discrecionalidad".

Por otra parte, Pleguezuelos aseguró que el propio Ministerio de Fomento ha valorado como "catástrofe" para España la práctica continuada del modelo de pago aplazado, anunciando su finalización una vez realizado el segundo paquete de obras licitadas.