La petición de Sevilla se produce un día después de que "El País" informara de que Miguel Prim presionó al Ministerio de Agricultura para que concediera autorizaciones para vender productos fitosanitarios solicitadas por una empresa propiedad de la esposa del presidente de la Diputación castellonense, Carlos Fabra.

Dicha actuación habría consistido en la intermediación en los años 2001 y 2002, ante el Ministerio de Agricultura, para aglizar la concesión de las peticiones de autorización de productos fitosanitarios formuladas por Artemis 2000, propiedad de María Amparo Fernández, esposa de Fabra.

Sevilla afirma en el texto presentado que esos hechos no fueron desmentidos por Prim, sino que fueron "casi reconocidos" con un escueto "es posible, pero no me acuerdo".

En opinión del diputado socialista, dichas actuaciones suponen un uso interesado o indebido de la condición de diputado que debe y corresponde ser investigado por la Cmisión del Estatuto de los Diputados.