La iniciativa sitúa esta práctica como “una prioridad” en la agenda internacional de derechos humanos y pone el foco en la necesidad de “reforzar la respuesta global ante una realidad que afecta a millones de menores en todo el mundo”. Según datos de Unicef, una de cada cinco niñas sigue siendo “obligada a casarse antes de los 18 años”, lo que supone que “unos 640 millones de mujeres y niñas contrajeron matrimonio siendo menores”, de las cuales 12 millones “lo hacen cada año”.

El Grupo Socialista advierte de que el matrimonio forzado “priva a las víctimas de autonomía personal y económica” y, en algunos casos, “las empuja a situaciones extremas como la huida, la autolesión o el suicidio para evitarlo”.

Para avanzar en su erradicación, la proposición plantea reforzar la cooperación internacional española con un enfoque feminista, orientado a prevenir esta práctica desde una perspectiva integral y centrada en las víctimas. Asimismo, propone actuar en el ámbito educativo, especialmente desde foros internacionales, para evitar el abandono escolar y eliminar barreras que dificultan la permanencia de las niñas en el sistema educativo.

La iniciativa también apuesta por impulsar medidas jurídicas y políticas que aborden las causas estructurales del matrimonio forzado, como la desigualdad de género, así como desarrollar campañas de sensibilización en colaboración con organizaciones internacionales, la sociedad civil y actores locales.

Además, plantea promover acciones coordinadas en el marco de Naciones Unidas para visibilizar y combatir esta práctica a escala global.

Desde la asociación Valentes i Acompanyades, impulsora de la iniciativa, alertaron de que el retroceso en igualdad de género a nivel mundial “agrava esta situación”. En este sentido, la portavoz socialista en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, María Luisa García Gurrutxaga, advirtió de que, al ritmo actual, “harán falta otros 300 años para acabar con el matrimonio forzado”.

Con esta propuesta, el Grupo Socialista busca “reforzar el papel de España en la defensa de los derechos humanos” y avanzar hacia la eliminación de una práctica que “vulnera gravemente los derechos fundamentales de mujeres y niñas en todo el mundo”.