El diario "El País" publicó que el diputado del PP por Castellón Miguel Prim Tomás presionó en 2001 y 2002 al Ministerio de Agricultura en favor de la concesión de autorizaciones para vender productos fitosanitarios solicitadas por la empresa Artemis 2000, propiedad de la esposa de Fabra. Esta empresa era propiedad también de la que entonces era esposa de Vicente Vilar, empresario que denunció a Fabra.

Según la denuncia, Fabra cobraba por us gestiones ante diputados, como Prim, y también de altos cargos del Gobierno y de la Administración, incluidos el propio José María Aznar y la directora general de Sanidad, "amiga de Ana Botella".

Los socialistas creen que estos hechos apuntan a un uso de la condición de diputado de Prim para el ejercicio de intermediaciones a favor de empresas, por encargo de terceros y existiendo remuneración, lo que representa una utilización indebida de esa condición.

Entienden, por ello, que la Comisión de Estatuto del Diputado, con facultad para investigar asuntos de interés público relacionados con el tráfico de influencias, debe conocer lo sucedido. Para ello, proponen que esta comisión requiera la presencia de las personas afectadas y la colaboración del diputado denunciado.

Sus conclusiones deberían plasmarse en un dictamen que sería después elevado a la Mesa del Congreso para su debate y posterior aprobación por el pleno. Aunque no serían vinculantes para los tribunales ni podrían afectar a las rsoluciones judiciles, la Mesa podría trasladarlas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, si procediera, de las acciones oportunas.