En el trámite de cuestiones previas, la abogada que representa al PSOE, Gloria de Pascual, pidió además que el PP sea llamado como partícipe a título lucrativo en este juicio o, en caso de no ser aceptada su petición, se le cite como responsable civil subsidiario, por entender que “el beneficiario último” de los hechos que se van a juzgar sería el PP.

Pascual arrancó su alegato solicitando la nulidad de la apertura del juicio oral porque, a su entender, la instrucción se cerró en falso al dejar fuera pruebas que apuntaban a la existencia de una supuesta trama política que no se llegó a investigar. El PSOE sostiene esta tesis en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción.

En ese sentido, la letrada aseguró que existen audios sobre María Dolores de Cospedal que no se han incluido en el procedimiento y señaló que “las relaciones entre Cospedal y Villarejo son múltiples y continuadas" por lo que resultaría sorprendente que el tribunal “no ordene una investigación más amplia”.

Por su parte, Jesús Mandri, abogado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, esgrimió la falta de competencia del tribunal al no existir conexidad entre los delitos del ‘caso Tándem’, que es la principal, y lo que se investiga en la ‘operación Kitchen’.

NULIDAD DE LOS AUDIOS

También solicitó la nulidad de los archivos de audio, así como la existencia de una vulneración de derechos fundamentales por la inmotivada duración del secreto durante un año y diez meses y, por tanto, la nulidad de todo lo que se ha hecho durante ese tiempo, así como las actas notariales que derivaron en la imputación del exministro Fernández Díaz.

El abogado insistió en que, tras levantarse el secreto, su representado fue inmediatamente imputado sin que su defensa pudiera pedir diligencia alguna. Sostuvo que “no se notificó nada de las pruebas que había y se alargó el secreto sin motivación" lo que su juicio constituiría un “abuso del secreto” que favoreció una “investigación prospectiva".

Para el abogado de Fernández Díaz “el único factor común es que Villarejo está en los dos procedimientos”, e insistió en que la supuesta trama no existió, “no hubo pago” alguno y, en definitiva, “no hubo absolutamente nada”.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cárcel de 15 años y 33 de inhabilitación para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.