No obstante, la declaración no iba a salir adelante de ninguno de los modos, ya que para ser leída de manera institucional por la Mesa de la Cámara ante el Pleno requería de una unanimidad que Vox no iba a permitir una vez que había cerrado filas con su diputado.

El texto original del PSOE aseguraba que "lo ocurrido no es una anécdota. Es una forma de hacer política basada en el ruido, en la intimidación y en el desprecio a las normas básicas de la convivencia democrática".

Los socialistas señalaban que “encararse físicamente con los servicios jurídicos de la Cámara y desoír reiteradamente a la Presidencia vulnera el Reglamento”, pero que “hacerlo desde la propia tribuna presidencial, a escasos centímetros del presidente, atenta además contra la dignidad de esta institución”.

Según fuentes socialistas, la declaración institucional recabó la firma de todos los grupos parlamentarios menos PP, UPN y el propio Vox.

Los populares, de hecho, presentaron su propia enmienda para aclarar que el diputado de Vox actuó así “tras haber sido llamado asesino por otro diputado de ERC”. Y para remarcar que “hay muchas actitudes de otros grupos parlamentarios que son igualmente condenables: gritos, insultos, gestos, etc. no siendo reprobados habitualmente por la Presidencia de la Cámara”.

Además, donde el PSOE recordaba que el Congreso es la sede de la soberanía el principal partido de la oposición aprovechó la oportunidad para precisar que lo es de la soberanía "NACIONAL", así, en mayúsculas, e intentar colar que la Presidencia del Congreso debe dejar de “bloquear leyes” una vez que el Tribunal Constitucional ha fallado en su contra al amparar al PP.

El PSOE no aceptó la enmienda y el texto cayó en saco roto como estaba previsto desde el principio, hubiera o no acuerdo con el PP.