En el año 2000, a través de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se modificó la Ley de Reorma de la Función Pública con una nueva disposición en la que se establece la posibilidad de movilidad forzosa de los funcionarios en el ámbito de la provincia o isla.

Según los socialistas, se ha producido una "ruptura del equilibrio que existía en la normativa básica reguladora de la Función Pública entre las necesidades de personal de la propia Administración y las condiciones de trabajo de los funcionarios, sustentada en la figura de los planes de empleo, negociados con los sindicatos, como únicocauce a través del que se podía decidir la movilidad geográfica de los funcionarios".

El Grupo Socialista cree conveniente "reincorporar un apartado en la ley que permita, en el ámbito de la Administración del Estado, adscribir a funcionarios que ocuparan puestos no singularizados a otros con el mismo procedimiento de provisión, nivel y complemento específico, dentro de la misma localidad".