La PNL también propone "incrementar las inspecciones sobre los canales de venta no regulados y las tiendas no especializadas, sancionando los incumplimientos en materia de venta a menores, evasión fiscal, etiquetado y gestión de residuos".

En la exposición de motivos de la propuesta se destaca que en los últimos años el mercado de los productos relacionados con la nicotina ha experimentado una transformación profunda, "marcada por la aparición de nuevas formas de consumo que, aun careciendo de tabaco en su composición, mantienen el potencial adictivo de la nicotina y plantean riesgos relevantes para la salud pública. Entre estos productos destacan los vapeadores o cigarrillos electrónicos y las bolsas de nicotina, cuya presencia ha crecido de forma sostenida, especialmente entre los jóvenes, impulsada por estrategias comerciales que los presentan como alternativas inocuas o de bajo riesgo".

En el texto se señala que el anteproyecto de ley por el que se modifica la denominada Ley Antitabaco "pretende equiparar la regulación de los vapeadores, bolsas de nicotina y demás productos relacionados con el tabaco a la del tabaco, asegurando un control sanitario, fiscal y ambiental más estricto. Sin embargo, no aborda el descontrol existente en las ventas a través de canales online y tiendas no especializadas, que facilitan el acceso de menores, la evasión fiscal y el incumplimiento de las normas de seguridad y etiquetado".

Por ello, la PNL socialista considera necesario intensificar "el control y supervisión que garantice que la distribución y venta se realizan exclusivamente en establecimientos autorizados, asegurando la trazabilidad, la fiscalidad y el cumplimiento sanitario y ambiental".

El texto también indica, en su punto tercero, la necesidad de seguir impulsando la coordinación interministerial entre los Sanidad, Hacienda, Consumo y Transición Ecológica, para "alinear las políticas de salud pública, fiscalidad y sostenibilidad ambiental".

Por otra parte, la PNL exige la "aplicación efectiva" de la Ley 7/2022 y del Real Decreto 110/2015, "obligando a fabricantes, importadores y distribuidores a registrarse, financiar la recogida de residuos y aplicar el modelo de 'uno por uno' para la devolución gratuita de dispositivos". Y establece la necesidad de valorar la ampliación de los programas de recogida y reciclaje, como el Plan de Reciclaje de Vapeadores de la Federació Catalana d'Estanquers y la Agència de Residus de Catalunya.