En la iniciativa, los socialistas ponen de manifiesto que en los últimos años se ha producido un deterioro progresivo de las formas parlamentarias, evidenciado en interrupciones constantes, uso de expresiones ofensivas e incluso actitudes de violencia e intimidación hacia la Presidencia de la Cámara, como el episodio protagonizado por el diputado de Vox José María Sánchez García el pasado 14 de abril.

Los socialistas se refieren al diputado de Vox que terminó expulsado después de que este llegase a subir a la zona en la que se encuentran los miembros de la Mesa de esta Cámara para quejarse a una letrada y a Alfonso Gómez de Celis, que ejercía de presidente en ese momento, de que un diputado de ERC, supuestamente, le había llamado “nazi criminal” y “analfabeto”.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista insisten en que comportamientos que “lejos de contribuir al debate político constructivo, erosionan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones”. Por ello, “resulta necesario abordar una reforma del régimen disciplinario que permita reforzar su eficacia, adecuándolo a las exigencias actuales y proporcionando a la Cámara herramientas más eficaces para dar respuesta a situaciones de conflictividad”.

La propuesta del Grupo Socialista introduce, en el artículo 101, una nueva causa de suspensión temporal de la condición de diputado, aplicable en los casos en los que se produzcan, en el recinto parlamentario, actos de violencia o intimidación grave dirigidos contra los órganos de gobierno de la Cámara o contra el personal que presta servicio en la misma, en particular el cuerpo de letrados y los ujieres, tanto en el transcurso de las sesiones como fuera de ellas.

"La reforma se fundamenta en la necesidad de proteger la integridad institucional del Congreso de los Diputados y de salvaguardar la autoridad de sus órganos de gobierno, la Presidencia y la Mesa, siendo su respeto un elemento clave para el funcionamiento eficaz de la Cámara", se afirma en la iniciativa. Del mismo modo, se incide en la protección del personal al servicio de la Cámara frente a cualquier forma de violencia o intimidación, garantizándoles "condiciones de trabajo seguras y dignas".

Por otro lado, se propone también la modificación del artículo 104, que prevé la expulsión del hemiciclo de los miembros de la Cámara, en caso de reiteración de conductas inapropiadas durante el desarrollo de las sesiones, tras tres llamadas al orden.

"La experiencia acumulada en los últimos años ha puesto de manifiesto que esta medida, por sí sola, no siempre resulta suficiente para disuadir de estos comportamientos perturbadores", por lo que se "evidencia la necesidad de reforzar el carácter efectivo y disuasorio del régimen disciplinario", señalan.

En este sentido, la expulsión de la sesión tras tres llamadas al orden se complementará con una sanción económica por un importe de entre 1.000 y 2.000 euros, en función de la resistencia mostrada a acatar los requerimientos de la Presidencia.