Los dos grupos proponentes defendieron sus iniciativas ante la tardanza del Gobierno en enviar ese proyecto prometido por el Gobierno, pero sólo contaron con el respaldo añadido del PNV y del Grupo Mixto.

PSOE y PP rechazaron las dos propuestas, aunque con argumentos contrarios. Los primeros por considerar que se debe esperar al Gobierno, y los segundos por ver en ellas un intento de "reescribir" la historia.

El portavoz de ERC, Joan Tardà, denunció la demora en la aprobacion de una ley de este tipo tras la "amnesia histórica" del PSOE en los años ochenta y la época en la que José María Aznar ejercía de "caudillo" del mundo conservador, una afirmación que suscitó airadas protestas en los bancos del PP.

Las iniciativas pretendían reconocer jurídica y moralmente a quienes defendieron a la República y fueron represaliados por el franquismo, incluso integrados en organizaciones armadas, en el caso de ERC.

En casos concretos, ERC proponía indemnizaciones para los cónyuges, parejas e hijos, por ejemplo de los fusilados tras consejo de guerra, de 12.000 euros con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Ambas formaciones pedían la anulación de las sentencias de consejos de guerra por delitos de rebelión o políticos posteriores al 18 de julio de 1936, y ERC hacía mención expresa a la sentencia que condenó a muerte al presidente de la Generalitat de Cataluña Lluis Companys.

Proponían también desde ERC la restitución a la Generalitat y al Gobierno vasco de los honores y los bienes incautados, y el reconocimiento jurídico y moral a los miembros de las fuerzas del orden republicanas, "desposeídos de sus cargos por causa de su fidelidad institucional".

Todos los colectivos perseguidos por el franquismo serían objeto de reconocimiento y restitución de bienes en virtud de estas iniciativas, entre ellos la Masonería, los evangélicos, los gitanos, los judíos o los testigos de Jehová. MUSEO EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS

ERC proponía también la difusión de la persecución que sufrieron la cultura y las lenguas catalana, vasca y gallega, y la recuperación arqueológica de "lugares significativos de la guerra", como prisiones y campos de concentración, todo ello coordinado por el Centro Documental de la Memoria Histórica, que haría un censo de represaliados y mostraría esos lugares como "testimonios del horror".

Izquierda Unida hablaba, en este sentido, del Valle de los Caídos, y ERC lo extendía, en una primera etapa, al campo de concentración de Miranda de Ebro, a la Dirección General de Seguridad y al hospital de mujeres de Saturran de Ondarroa.

En dos años, decía ERC, el Ministerio de Cultura debería identificar y catalogar los documentos de las instituciones franquistas y organismos represivos dependientes de las fuerzas de seguridad para abrirlos a los ciudadanos.

La iniciativa incluía la retirada en un año de símbolos franquistas de calles, edificios e instalaciones públicas y privadas, salvo cuando su permanencia se juzgara necesario dentro de un conjunto monumental de divulgación.

ERC recogía en su texto una disposición según la cual correspondería al Jefe del Estado formalizar solemnemente en nombre del Estado las demandas de perdón a las víctimas de la consecuencia del levantamiento militar contra la República.

Tardà explicó en su intervención que los jefes de Estado asumen la continuidad de la organización estatal y que, además, en este caso, fue nombrado por el dictador y "educado bajo su criterio".

Por parte de CiU, Jordi Xuclà pidió al Gobierno que lidere la construcción del consenso entre partidos para responder a esta demanda sin pretensiones "revisionistas".

Aitor Esteban, del PNV, urgió al Gobierno a presentar cuanto antes el proyecto. En su opinión, "no es normal" que tantos años después de llegar la democracia permanezcan en vigor las sentencias de la dictadura o que muchos defensores de la democracia sigan enterrados en cunetas.

Las iniciativas fueron respaldadas también por Eusko Alkartasuna, Chunta Aragonesista y Bloque Nacionalista Galego, con el argumento de que recuperar la memoria no va contra nadie y de que, pese a que existieran muertos en los dos bandos, los nombres de unos estuvieron cuarenta años "colgaos de las paredes de las iglesias" y otros están aún en las cunetas.

Todos estos argumentos fueron rechazados de plano por el portavoz popular, Manuel Atencia, para quien estos dos grupos pretenden que se pida perdón "por una transición ejemplar" con el único objetivo de "liquidar el pacto constitucional" y de "reescribir" la historia de aquellos años.

Atencia preguntó a los proponentes "qué hacemos con las víctimas de la represión en la época republicana", sobre todo en Cataluña.

"MANIPULACIÓN IMPRESENTABLE" El socialista Ramón Jáuregui comenzó su intervención rebatiendo algunos de los argumentos de Atencia. Si existe una "manipulación impresentable", denunció, es la tesis de que la República fue la responsable del alzamiento militar y de la guerra civil, similar, dijo, a la negación del Holocausto contra los judíos.

Es cierto que hubo muertos en los dos bandos, dijo, pero unos pudieron "honrar y compensar" a los suyos, mientras que otros no pudieron hacerlo. Además, unos "se acomodaron" al régimen y otros siguieron luchando por la democracia.

Pese a que la herida se cerró, argumentó, queda una cicatriz en forma de asignaturas pendientes que deben tener respuesta "entre todos, no de unos respecto de otros".

Abogó por ello por convertir el informe del Gobierno en proposición de ley que pueda ser defendida por todos los grupos parlamentarios.

Pese a reconocer que el Gobierno "no ha cumplido su compromiso" de aprobar ese informe en la primera mitad de legislatura, pidió comprensión por el trabajo "ingente y minucioso" que requiere.

Garantizó que el informe del Gobierno llegará al Congreso en este periodo de sesiones, tal y como dijo el presidente, y que habrá una Ley de Memoria Histórica con derechos económicos y compensaciones, exhumaciones, recuperación de la dignidad a quienes se dictó sentencia sin justicia y sin garantías, y acceso documental a distintos archivos.