Por 140 votos en contra y 136 a favor, todos los de los demás grupos parlamentarios, el Grupo Socialista ganó una polémica votación a cuyo término el PP protestó oficialmenteante el presidente de la Cámara Baja por supuestas irregularidades.

El portavoz adjunto del Grupo Popular, Luis Ramallo, tomó la palabra y denunció ante Félix Pons que él mismo había visto cómo el panel luminoso del salón de plenos contabilizó votos de diputados que supuestamente no estaban en el momento de la votación.

Pons le pidió que dijese nombres y escaños que ocupan, y Ramallo desistió de su petición para que se repitiera la votación, en medio del griterio a favor y de las protestas provenentes de los grupos Popular y Socialista, respectivamente.

El presidente del Congreso replicó en un momento dado que estaría dispuesto a repetir la votación, si se demostrase la existencia de esas supuestas irregularidades.

Ya en los pasillos del Congreso, el portavoz adjunto del PP coincidió con varios periodistas en que dos de los diputados socialistas que supuestamente no estaban son el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra y el secretario del Area de Cultura de la Ejecutiva federal ocialista, Salvador Clotas.

En el momento de elaborar esta información, las 18.30 horas, Ramallo procedía a solicitar oficialmente a los servicios jurídicos de la Cámara Baja un listado compulsado de los diputados que estaban en el momento de la votación, para comprobar efectivamente si Guerra, Clotas y otros aparecen como votantes.

"INSTINTOS" ANTICONSTITUCIONALES

Con anterioridad a ese incidente, los diputados José Manuel Barquero, del PP, autor de la propuesta, y la parlamentaria socialista armen del Campo, protagonizaron un agrio debate sobre la conveniencia o no de la toma en consideración de la proposición de ley para definir los derechos económicos de las víctimas de delitos violentos.

José Manuel Barquero agradeció a los restantes portavoces parlamentarios el apoyo de sus grupos y criticó la "contumacia" del Gobierno socialista en negar que las Cortes generales puedan debatir sobre la materia (el pasado mes de junio el Congreso rechazó por primera vez este proyecto, sólo con los vots del PSOE).

Casi al final de su intervención, el diputado del PP acusó al PSOE de "alentar instintos y pasiones no acordes con la Constitución y que generan un clima de desprotección de las víctimas de actos violentos", en alusión al creciente apoyo social a una supuesta restauración de la pena de muerte y a las patrullas vecinales contra la droga.

Visíblemente enfadada y entre pateos y aplausos de los escaños socialistas y conservadores, Carmen del Campo contestó que no sabe si es cierto que exste ese clima social o hay "sectores", que no especificó, interesados en que así parezca.

La diputada socialista aludió en sus intervenciones a la necesidad de abordar con "serenidad" este debate y anunció que antes del final del período de sesiones que hoy iniciaron las Cortes tras las vacaciones de Navidad, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley más completo que el que hoy vio rechazado el Grupo Popular.

Carmen del Campo recordó que las familias de los muertos y lisiados por terrorimo tienen derecho actualmente a 107 pagas equivalentes al salario mínimo interprofesional, en el caso de personas en activo, o a pensiones superiores en cuantía a las del sistema general de la Seguridad Social, independientemente de que perciban por su cuenta otros ingresos.

EL ERROR "MAS GRAVE" DEL GOBIERNO

El portavoz del PP, por su parte, aseguró que el Gobierno no tiene entre sus prioridades el atender a las víctimas de terrorismo y puso como ejemplo la negativa del Ministerio de Asuntos Sociale a conceder 40 millones de pesetas a la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT).

Asuntos Sociales justificó esta negativa por entender que los proyectos de esta asociación no se ajustan al "interés general", como otras organizaciones no gubernamentales.

José Manuel Barquero calificó esa decisión como uno de los "más graves" errores del Gobierno socialista en esta legislatura y dijo que con ello la ministra Matilde Fernández "se ha cubierto de gloria".