Así lo dijo el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, desde el Congreso del Partido Socialista Europeo que se celebra en Málaga cuando se le preguntó directamente si ha sido un error incluir el término ‘lawfare’: “Lo hemos tenido que explicar, explicado está”, admitió el exlehendakari.

López comentó que, tras la respuesta del Poder Judicial al acuerdo con Junts, se explicó que el asunto alude a las comisiones parlamentarias y que con la futura ley de amnistía se está continúa en la senda de la “convivencia” en Cataluña.

El exlehendakari comentó que la ley de amnistía aún están "pactándola" con el resto de grupos parlamentarios. Defendió que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, no hiciera mención alguna a esta norma en su intervención ante los socialistas europeos. Destacó que el presidente mencionó la convivencia y afirmó que esta y el "reencuentro" se hacen a base de política. Además, destacó que este Ejecutivo ha estado "avanzando" en esta dirección en los últimos cinco años.

AMNISTÍA: "REQUISITO IMPRESCINDIBLE"

“La amnistía es un paso coherente con todo lo que hemos ido haciendo y pensamos que va a servir para ese reencuentro definitivo”, sostuvo López recordando palabras de Sánchez en defensa de la amnistía ante el Comité Federal del PSOE.

En el acuerdo entre el PSOE y Junts se recoge que el acuerdo por la Ley de Amnistía tiene como objetivo "procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato". Además, se establece que esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a la consulta de 2014 y al referéndum de 2017.

En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía. Esto será en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto "lawfare" o judicialización de la política. Además, se considerarán las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas, según establece el texto del acuerdo firmado.