El objetivo es garantizar que el parque público cumpla su función social frente a la especulación y evitar posibles casos de corrupción e irregularidades en sus adjudicaciones, como ya se investiga en gobiernos municipales.

Además de defender que la vivienda construida o adquirida con ayudas públicas, beneficios fiscales o sobre suelo público mantenga su régimen de protección de forma permanente, la iniciativa responde a la preocupación social que han generado los procesos de adjudicación de Alicante, Málaga, Alzira o Logroño.

“La vivienda pública debe ser para siempre. No es para beneficiar a familiares o conocidos. Tiene que ser para personas las familias más vulnerables”, denunció el portavoz socialista de Vivienda y diputado por Barcelona, Ignasi Conesa.

En la misma línea se expresó la portavoz adjunta del Grupo Socialista y diputada por Alicante, Patricia Blanquer, quien indicó que "lo que ha ocurrido en Alicante con las VPO no puede volver a ocurrir. Gracias a esta iniciativa y al nuevo Plan Estatal de Vivienda del Gobierno, la nueva cláusula antifraude permitirá la máxima transparencia en el proceso de adjudicación”.

Esta iniciativa recoge el espíritu del Plan Estatal de Vivienda aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que incluye cláusulas antifraude para garantizar la transparencia en las adjudicaciones de viviendas públicas construidas en base a este Plan.