A partir de entonces, según el acuerdo, se constituirá una mesa con los interlocutores sociales (sindicatos y patronal) que “evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas”.

En paralelo, el Ejecutivo, de iniciarse la legislatura, contempla la aprobación de una ley de usos del tiempo que, “en consenso con todos los agentes de la sociedad, permita avanzar hacia una organización del tiempo más equilibrada entre mujeres y hombres, fomentando el bienestar de las personas, la eficiencia del tejido empresarial y asociativo”.

Del mismo modo, el acuerdo explica que se va a favorecer que las empresas ofrezcan jornadas híbridas que combinen lo presencial con lo remoto, con horarios “más adaptables y flexibles”.

SMI

Por otro lado, Sumar y el PSOE se comprometen a que el salario mínimo interprofesional (SMI) siga creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo, garantizándose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará acompasado al 60% del salario medio en España.

En este sentido, el texto destaca que el Gobierno impulsará la firma de “un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y que tiendan a la convergencia con los países de nuestro entorno”.

Otros compromisos son la aprobación del Estatuto del Becario y una ley de economía social nueva; aprobar un “plan de choque” contra el paro de larga duración; se reforzarán las prestaciones por desempleo y su compatibilidad con la vuelta al mercado laboral, y se llevará a cabo una nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo que “garantice la calidad en el empleo de los relevistas” y que tenga en cuenta la “mayor penosidad” del desarrollo de ciertas actividades.

Por otra parte, se desarrollarán las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pymes en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional. Asimismo, se actualizará la representatividad del colectivo de autónomos mediante un sistema basado en “principios democráticos”.

Igualmente, se implementará una ley de participación institucional que regule la presencia de los interlocutores sociales en los diversos órganos de las administraciones públicas.

En otro orden de cosas, se reforzarán los instrumentos de registro horario con el uso de nuevas tecnologías para “asegurar el cumplimiento de las normas en todas las empresas”.