Este paso para que pueda proseguir el trámite parlamentario llega después de semanas de negociaciones formales entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y su equipo más cercano, celebrando encuentros con los partidos y contactos sobre los que no quiso ofrecer detalles, amparándose en la “discreción” necesaria para que puedan concluir con “éxito” los diálogos. En paralelo, el trámite de enmiendas se fue alargando en varias ocasiones para dar margen a la negociación.

Para que el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral pueda salir adelante es imprescindible que PP, Vox o Junts salgan del rechazo que han expresado hasta el momento. Los de Puigdemont anunciaron la presentación de una enmienda a la totalidad que, de prosperar, devolvería el texto al Gobierno.

No obstante, en una reciente entrevista en laSexta recogida por Servimedia, Díaz no quiso pronunciarse sobre si Junts cambiará de opinión sobre la reducción de jornada, alegando que ella lleva a cabo las negociaciones con “sigilo” y “discreción”, igual que con el resto de negociaciones políticas, pero defendió que hay “margen” para el diálogo y para que todos los partidos puedan apoyar el texto de la reducción de jornada.

En cualquier caso, dirigió sus críticas hacia el PP, reprochándole que se oponga a un texto que es positivo para la ciudadanía y avisándole de que tendrán que “rectificar” su posición, como ya les sucedió con la reforma laboral de 2021 pactada con sindicatos y patronal o con la subida de pensiones, cuando tumbó el primer decreto ‘ómnibus’ de 2025 junto a Vox y Junts.

Así las cosas, y por si el texto no saliera adelante, la líder de Sumar en el Gobierno de coalición se plantea aprobar, como pieza separada y vía real decreto, el refuerzo del control horario. Cabe recordar que un real decreto no tiene rango de ley y, en consecuencia, no es preciso que sea sometido a debate y votación en el Congreso.

El control horario es una de las tres patas del proyecto de ley sobre reducción de jornada, junto al recorte de 40 a 37,5 horas semanales y la regulación del derecho a la desconexión digital de los trabajadores.

Solo el registro horario se puede aprobar sin pasar por el parlamento, lo que apoyan CCOO y UGT y rechazan CEOE y Cepyme.