La polémica gira en torno a la enmienda número 63 presentada por Sumar al proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de Educación y la ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia, cuyo objeto principal es regular cuestiones como la jornada lectiva y las ratios máximas de alumnos por aula.

Sin embargo, la enmienda de Sumar introduce una disposición final para modificar la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, relativa a la adquisición de la nacionalidad española. En concreto, pretende elevar a rango legal una instrucción elaborada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Esa instrucción amplió el acceso a la nacionalidad a descendientes de españoles originarios sin exigir que estos hubieran sufrido exilio por los motivos tasados en la Ley de Memoria Democrática y estableció, además, una presunción de exilio para quienes salieron de España entre 1936 y 1955. Sus efectos electorales han sido recurridos al Supremo, que los ha suspendido de forma cautelar por su impacto en el censo electoral.

En este contexto, el letrado de la Comisión de Educación, Fernando Dorado Frías, advirtió en su informe de que la enmienda de Sumar resulta “incongruente con el objeto y la finalidad” del proyecto de ley educativo y señaló que no existe “el mínimo punto de conexión material” que permita albergar dudas sobre la falta de homogeneidad entre ambas materias. Además, hizo constar que Sumar presentó la enmienda “sin justificación alguna”.

"ACEPTACIÓN TÁCITA"

El informe recuerda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que exige una conexión material entre las enmiendas y la iniciativa legislativa en la que se introducen y advierte de que su incumplimiento puede afectar al derecho de participación de los parlamentarios reconocido en el artículo 23 de la Constitución. No obstante, dejó la decisión sobre la admisión en manos de la Mesa de la Comisión, que este miércoles optó por incluirla a pesar de todo.

Ante esta decisión, fuentes del PP anunciaron que presentarán “en las próximas horas” un escrito ante la Mesa del Congreso contra la calificación acordada por la Mesa de la Comisión de Educación. Los populares acusaron a PSOE y Sumar de “despreciar el criterio de los letrados del Congreso” y de imponer su mayoría para sacar adelante una “enmienda intrusa”.

Para el PP, esta modificación supone además la “aceptación tácita” de que la instrucción firmada por Sofía Puente “estaba al margen de la ley”.

Asimismo, el PP acusó al Gobierno de tratar de “alterar el censo electoral” y sostuvo que PSOE y Sumar pretenden utilizar una norma sobre las condiciones laborales de los docentes para modificar la legislación sobre nacionalidad. “Pretenden utilizar una ley que nada tiene que ver con esa materia para buscar fuera de España los votos que ya no consiguen dentro”, afirmaron las mismas fuentes.