En la rueda de prensa celebrada en un receso de la reunión del Consejo Territorial del PSOE, Rodríguez Zapatero aseguró que mañana mismo se dirigirá al jefe del Ejecutivo para solicitarle un encuentro y tratar de convencerle de la necesidad de regular de forma distinta los flujos migratorios y la situación de los extranjeros que ya están en España.

El líder socialista trató de zanjar así, en el seno del Consejo Territorial, que integra a la dirección federal, a los prsidentes autonómicos y a los secretarios generales de las federaciones, la polémica suscitada por la sugerencia de los presidentes de Aragón y Baleares de recurrir la ley.

Con diversos argumentos, Rodríguez Zapatero trasladó la idea de que estos dirigentes territoriales aparcan esta posibilidad mientras su secretario general, en el que han delegado esta responsabilidad, trata de convencer al presidente del Gobierno de la necesidad de modificar los aspectos más polémicos de la ley.

Lo que no preció Rodríguez Zapatero es si su petición a Aznar será expresamente de modificación de la norma, o de desarrollo de la misma de forma más flexible y benévola para los inmigrantes.

Rodríguez Zapatero aseguró que todos los presidentes y dirigentes autonómicos "comparten plenamente" la necesidad de hacer ese esfuerzo por lograr un acuerdo de Estado y han respaldado su propuesta de "agotar" las vías de diálogo.

"Si todo el Partido Socialista quiere ese acuerdo, lo quieren todos los presidentes de comuniades autónomas, y han dejado esa tarea de convencimiento bajo mi responsabilidad".

RESPUESTA A AZNAR

Por tanto, aseveró, "voy a renovar la oferta de acuerdo al señor Aznar, y la voy a renovar intentando demostrarle que hay legislaciones más progresistas, ya que él lanzaba ese reto, que hay fórmulas mejores para ordenar la inmigración", aseveró.

A pesar de que el Ejecutivo "no ha querido de verdad hasta ahora" ese acuerdo, subrayó su tenacidad y le advirtió que si continúa negándolo "habrá querio dividir y abrir una brecha muy negativa entre las formaciones políticas".

En este punto, aseguró que si Aznar se niega a ese acuerdo dejará ver que no piensa en los intereses generales, sino en los partidistas, "como ayer demostró de manera bastante lamentable" con sus palabras desde Jerusalén.

"Fue a buscar una conferencia de paz, y con esa tendencia que tiene últimamente de volar y bajar a la tierra, voló, pero no llevaba paracaídas. Ha sido un desastre cómo se ha preparado ese viaje, ha sidoun fracaso, y el señor Aznar, seguramente para evadirlo, ha intentado lanzar un nuevo ataque a los socialistas con el tema de la inmigración".

"Por mucho que ataque a los socialistas, a su debate interno", dijo a Aznar, "no va a mejorar la situación de los españoles ni de España, que es su primera obligación, y por mucho que intente enfatizar la división o negar la pluralidad, está empobreciendo el debate democrático".

Junto con la polémica suscitada ante la Ley de Extranjería, sobre la mesa del onsejo Territorial estuvo también la alternativa socialista al Plan Hidrológico del Gobierno, y la necesidad de comenzar a negociar el nuevo modelo de financiación autonómica.

FUNCIONAMIENTO CORRECTO

Los socialistas contemplan todos estos asuntos como una amplia tarea que queda por delante para adecuar los mecanismos de funcionamiento del Estado al modelo plural y descentralizado consagrado en la Constitución, y consideran que para todas estas reformas es necesario un gran acuerdo entre las grandes uerzas políticas.

"Debemos ir acostumbrándonos a que tenemos una España descentralizada políticamente", con un reconocimiento constitucional de los intereses territoriales compatibles con el interés general, dijo.

El problema, insistió, es que los mecanismos de funcionamiento no se corresponden con ese modelo, y un buen ejemplo de la distorsión entre ambos es lo que podría haber ocurrido con el Plan Hidrológico si el Consejo del Agua lo rechaza pero el Parlamento lo aprueba.

En opinión de lo socialistas, la solución pasa necesariamente por una reforma de esos mecanismos que permitan aplicar y desarrollar de verdad el Estado de las autonomías, con una colaboración real entre todas las comunidades y la administración central.

El primer paso, además de la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, es la reforma del Senado, para que represente de verdad a las comunidades autónomas y tenga atribuciones reales.