Según informaron a Servimedia fuente solventes, dicho consorcio podría incluso adelantar o avalar la deuda de 3.000 millones que Madrid Sur mantiene con las constructoras Comylsa y Obrascón, principal impedimento para el reinicio de las obras en dicha promoción.

Este modelo, que está en negociaciones entre el Ministerio de Obras Públicas -del que depende Sepes- y la CAM, podría extenderse al resto de España, con la incorporación de otras comunidades autónomas.

De esta forma, se solucionaría así la paralización judicial de las segreaciones con obra empezada, fruto de la acción de las constructoras a las que se adeuda 7.125 millones, si bien esta posibilidad aún no sido estudiada en profundidad.

No obstante, en un principio dicho consorcio se haría cargo de la gestión de Valdebernardo, con más de 2.500 socios vivos, una vez que se han acercado posturas entre los cooperativistas e IGS. Los primeros piden que el precio final de una vivienda de 90 metros cuadrados sea como mucho de 13,4 millones de pesetas, mientras que IGS ha rebajdo su propuesta inicial a 14,3 millones.

ACEPTACION CONJUNTA

La puesta en marcha del consorcio está condicionada a la aceptación por parte de los cooperativistas de que este organismo se encargue de la gestión o promoción, así como de la aceptación por Sepes y la CAM de las cuentas firmadas entre IGS y los socios de las promociones afectadas.

El objetivo último de esta propuesta es acelerar el proceso de construcción de las viviendas en la Comunidad de Madrid. En principio, se considera excepcinal, pero no descartable, que este consorcio adelante la deuda de las constructoras para así desbloquear el reinicio de las obras.

En este caso, el consorcio Sepes-CAM compraría la deuda de las constructoras y le sería devuelta a la realización del convenio de acreedores, previsiblemente en los primeros meses del próximo año. Si el juez considerara a esta deuda como "crédito preferente" en el convenio, el consorcio recibiría el 100 por ciento de lo aportado.