Recuenco dijo que su presencia en el Consejo Rector era en representación de UGT y negó tener conocimiento de la existencia de ningún tipo de irregularidades en la cooperativa de viviendas.

El secretario general de UGT Valencia afirmó que no tuvo acceso a los documentos de PSV y descargó la responsabilidad en los responsables de IGS, Carlos Sotos, Fermín Bretón y Francisco Hernández. Este último tuvo que pagar el pasado viernes una fianza de cino millones de pesetas para eludir la prisión.

Precisamente, el abogado de Hernández, Jesús Jiménez Rico, manifestó a esta agencia que si bien su cliente tenía firma reconocida en diversas cuentas de PSV, no la utilizó, salvo en un número muy limitado de ocasiones.

Sobre la declaración de Recuenco, Jiménez Rico negó que el Consejo Rector de la cooperativa no tuviera unas funciones claras, y lo equiparó con el consejo de administración de una empresa en cuanto a su responsabilidad.

El abogado e Francisco Hernández reiteró que aún no conoce los cargos que le imputa Moreiras a su cliente y está a la espera del auto del juez, lo que justificó por la complejidad del proceso.

Mañana están previstas las declaraciones de Jesús Morón, ex viceconsejero de Política Territorial de la Comunidad de Madrid, y Manuel Garnacho, secretario general de la Federación de la Construcción de UGT, que ocupó durante algún tiempo la vicepresidencia de PSV.