Así lo sostuvo en un acto informativo organizado por Europa Press, donde anticipó que dicha enmienda “tiene las piernas muy cortas”.

De hecho, el ministro explicó que los servicios jurídicos de Renfe trabajan para analizar la manera de no aplicar dicha enmienda, que forma parte de la Ley de Movilidad Sostenible.

“No es viable y ni siquiera constitucional”, afirmó el ministro, quien recordó que en el momento en que Renfe modificó su compromiso de puntualidad sufría un impacto negativo en sus cuentas de 42 millones de euros al año. “No lo hizo por capricho”, apostilló.

Además, Puente criticó el “sorprendente entusiasmo” de formaciones como ERC o Junts, que atribuyó al interés en “darme un palo”, pero advirtió de que a quien afecta es a Renfe.

A este respecto, apuntó que Renfe está compitiendo con dos empresas en estas líneas rentables y que dichas empresas ocupan ya el 35% del mercado. “No se puede imponer un compromiso a una y olvidarse de las otras dos”, zanjó.