El proyecto normativo, aprobado por el Consejo Nacional del Agua el pasado 29 de noviembre, incluía un punto -la disposición adicional novena- que resulta esencial para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, según el Ejecutivo valenciano.

Para Puig, cualquier modificación o supresión de ese punto que figure en el último borrador de decreto ley que ya obra en poder del Consejo de Estado encontrará “el más firme rechazo” del Consell de la Generalitat Valenciana.

Puig recordó este martes la necesidad de “respetar los acuerdos alcanzados” y exigió que se mantenga en los mismos términos lo que se pactó en su día y obtuvo el refrendo del Consejo Nacional del Agua.

Asimismo, subrayó que, en caso de incumplimiento, la Generalitat “emprenderá todas las acciones que estén a su alcance para defender la continuidad del trasvase Tajo-Segura y apoyar así las justas demandas de los regantes alicantinos”.

Ahora corresponde al Consejo de Estado emitir el preceptivo dictamen sobre el proyecto de real decreto relativo a los planes hidrológicos de cuenca de determinadas demarcaciones antes de remitirlos al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

El Consell de la Generalitat Valenciana reafirmó tanto su “compromiso inquebrantable” en defensa de los regantes valencianos como su voluntad de agotar todas las vías posibles en aras de asegurar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.

AGUA DESALADA

Por otro lado, Puig se refirió a la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la empresa pública Acuamed, que gestiona el agua desalada en España, de anular la subvención que venía concediendo al agua desalada que usan los regantes del acueducto Tajo-Segura y que supondrá en la práctica triplicar los precios de la misma.

El jefe del Consell mostró su “rechazo frontal a esta decisión”, al tiempo que llamó al Gobierno “para que reconduzca la situación y reconsidere su postura”. “Estamos hablando de un territorio donde la agricultura juega un papel muy importante y, en consecuencia, es especialmente sensible al precio del agua”, añadió.

En este sentido, consideró que la actual coyuntura “no hace aconsejable en absoluto una decisión de esta naturaleza” y exigió al Ejecutivo que “mantenga la subvención al agua desalada para que resulte asequible a los regantes”.