La denuncia acusa al Tribunal de Cuentas (TCu) de un incumplimiento “manifiesto y deliberado” de la sentencia, después de anunciar que por el momento no aplicará la medida de gracia y establecer un plazo de diez días para que las partes aporten nueva información.

Todos ellos reclaman la apertura de un procedimiento de infracción contra el Reino de España por “el incumplimiento, imputable al Tribunal de Cuentas, de la sentencia del Tribunal de Justicia”.

Piden también que se envíe “con carácter urgente” la carta de emplazamiento correspondiente a España, “dada la naturaleza del incumplimiento y la incidencia sobre medidas cautelares que gravan a los denunciantes en más de 9,5 millones de euros”.

El escrito recuerda que la Comisión Europea “presentó observaciones” en la causa de las cuestiones prejudiciales resuelta por el TJUE, por lo que “dispone de pleno conocimiento del litigio”.

Puigdemont y los exconsellers destacan que el Tribunal de Cuentas es una de las instancias directamente concernidas por la sentencia del TJUE, que se dictó como respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas tanto por el propio TCu como por la Audiencia Nacional.

El Tribunal de Justicia de la UE dictó la pasada semana dos sentencias en las que avaló el contenido de la medida de gracia impulsada por el Gobierno y que afecta tanto a Puigdemont como a una treintena de exaltos cargos investigados por el 1-O en el Tribunal de Cuentas.

El tribunal europeo confirmo que la aplicación de la amnistía al delito de malversación no afecta a los fondos de la UE y estableció que los órganos que tengan causas previstas en la Ley de Amnistía “dicten una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias”.

Ayer mismo, la Fiscalía del TJUE consideró “innecesario e improcedente” dar un nuevo plazo a las partes antes de aplicar la Ley de Amnistía tal como interpreta la sentencia. Por eso, la defensa de Puigdemont considera contrario a la sentencia que el Tirbunal de Cuentas haya acordado continuar con la instrucción de la causa y abrir un plazo de alegaciones, expresamente excluida según la sentencia.

El escrito dirigido a la Comisión Europea explica que los tres recurrentes se dirigieron este lunes al propio Tribunal de Cuentas para exigir la aplicación “inmediata” de la amnistía, el tiempo que su defensa pone en conocimiento del TJUE la resistencia del TCu para aplicar su decisión.