En concreto, mediante el escrito, la defensa de Puigdemont reclama al TC que acuerde con “carácter urgente y preferente la suspensión de la ejecutividad de las resoluciones impugnadas y, en particular, la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingresión en prisión, al objeto de evitar la pérdida de finalidad del recurso de amparo y el perjuicio irreparable que su ejecución ocasionaría a los derechos fundamentales invocados”.

Asimismo, le pide que declare "expresamente que la suspensión se mantendrá hasta que este Tribunal dicte sentencia firme en el presente procedimiento de amparo, o hasta que se resuelva cualquier incidencia relativa a la aplicación” de la ley de amnistía, “cuya eficacia pudiera resultar afectada por las resoluciones recurridas”.

El expresidente catalán hace esta solicitud para evitar el "perjuicio irreparable" que su ejecución ocasionaría a sus derechos fundamentales con el argumento de que la ley de amnistía es "plenamente eficaz y aplicable" durante la tramitación de este recurso tras el informe del abogado general de la Unión Europea, que avaló la norma.

Explica su defensa que durante años su libertad de movimiento y actividad institucional se ha visto limitada por órdenes de detención cuya validez ha quedado "desactivada" por la ley de amnistía y "confirmada" tanto por el Tribunal Constitucional como "por el estándar europeo", conocido la pasada semana.

El recurso, presentado este lunes, alega también que la detención del líder de Junts sería “incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia que rigen en esta fase".

El escrito señala también la "coincidencia entre la jurisprudencia constitucional y el estándar europeo” que exige asegurar la protección cautelar para evitar "daños irreparables" y que no existe "duda jurídica razonable que justifique la persistencia de órdenes de detención en un escenario en el que tanto el Derecho nacional como el europeo avalan la eficacia inmediata de la ley orgánica de amnistía".

La defensa de Puigdemont afirma que si se ejecutara la orden de detención emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se produciría "una lesión autónoma del derecho a la libertad personal y de los derechos político-representativos del recurrente" y asegura que esa lesión procedería de un tribunal "cuya competencia ha sido cuestionada en términos claros y directos por el Tribunal de Justicia".

Por tanto, pide "acordar la suspensión cautelar para evitar una vulneración irreversible de derechos fundamentales" tales como el derecho a la libertad personal, a la participación política, al mandato representativo y a su libertad de circulación.