La decisión de eliminar la inmunidad a los dirigentes independentistas se adoptó el pasado 5 de julio, cuando el Tribunal General desestimó las peticiones de Puigdemont en contra de la decisión de la Eurocámara de conceder el suplicatorio planteado por el Supremo español y contra la negativa del presidente de la cámara a amparar una petición sobre la inmunidad en 2019.

La decisión de levantar la inmunidad coloca a los reclamados por la justicia española más cerca de que los jueces belgas autoricen la entrega solicitada por el instructor de la causa del ‘procés’, el juez Pablo Llarena, que han estado rechazando durante los últimos años.

En su recurso, Puigdemont no ha solicitado ninguna medida cautelar, algo que su defensa ha venido haciendo durante todo el proceso. Ahora, la decisión de la justicia europea ha supuesto el rechazo del relato de los dirigentes independentistas que esgrimieron que no se habían respetado sus derechos y que el instructor no era imparcial y estaba llevando a cabo un proceso político.

Ahora le toca a Llarena decidir si reactiva al euroorden, momento en el que previsiblemente la defensa de Puigdemont sí presentará una petición de medidas cautelares para que se garantice su inmunidad en tanto no se resuelva el presente recurso. No hay ningún plazo específico para la presentación de una petición de medidas cautelares.

Este movimiento podría servir para retrasar aún más el procedimiento. En caso de que Llarena reactivara ahora la euroorden, la decisión sobre la entrega de los reclamados volvería a recaer sobre los tribunales belgas, que han demostrado hasta ahora su empeño en no concederla. Además, la última reforma del Código Penal que suprime el delito de sedición supone que Puigdemont y sería ahora reclamado por delitos diferentes.