En un comunicado, CRUE señaló que tras la suspensión por falta de quórum de la anterior Conferencia General, el 29 de julio, quedó pendiente la ratificación de la anualidad de 2026 del sueldo de las personas contratadas con el programa María Goyri, en el que las comunidades financian otras 2.200 plazas, hasta sumar un total de 5.600.

"Ahora, las comunidades autónomas deberán transferir a las universidades públicas propias de su ámbito competencial estos fondos, ya que hasta la fecha han sido las universidades las que han adelantado la financiación para hacer frente al salario de 2026 de estos profesores", advirtieron los rectores.

Según CRUE, esta iniciativa es de "especial relevancia" para el Sistema Universitario Español, porque permite establecer "una estrategia a medio plazo" y abordar cuestiones "esenciales" para el sistema universitario español, como son el relevo generacional y la captación de talento.

Asimismo, la conferencia cree que la medida refuerza la cooperación entre las diferentes administraciones públicas. "Además, es un elemento clave para poder avanzar en el mandato de la suficiencia financiera establecido por la LOSU, que exige destinar una inversión pública al sistema universitario público, como mínimo, del 1% del PIB en 2030", argumentó.

El comunicado también subrayó que el cumplimiento "íntegro" de los acuerdos consensuados por las administraciones "es el pilar fundamental sobre el que se sostienen tanto la lealtad institucional como la confianza de la ciudadanía en las administraciones públicas". "El Sistema Universitario Español es uno de los principales motores de desarrollo económico y social de nuestro país y, por ello, es fundamental afianzar su estabilidad", zanjó la nota.