Los rectores recordaron a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que las prácticas académicas externas constituyen "una herramienta formativa esencial" para el estudiantado universitario y que su finalidad es "estrictamente educativa, vinculada a una matrícula vigente, con tutorización académica y profesional y conexión directa con la titulación cursada".

Por ello, CRUE cree que es necesario "reforzar su carácter formativo y evitar cualquier uso fraudulento que las convierta en empleo encubierto", pero recuerda que el régimen jurídico de las prácticas académicas "es una cuestión académica cuya competencia corresponde al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y a las propias universidades, y no puede abordarse al margen de estas".

La conferencia aseguró también que viene reclamando desde el inicio del proceso que se escuche a la Universidad. "Aunque las universidades no formen parte de la Mesa de diálogo social, no puede obviarse que el futuro Estatuto del Becario afecta de manera directa al estudiantado y a la organización académica de miles de titulaciones".

CRUE valora algunos avances del texto, "como el refuerzo de la tutorización profesional, la protección en materia de prevención de riesgos laborales o el reconocimiento de derechos vinculados a situaciones de enfermedad o cuidados".

Sin embargo, "sin una memoria económica rigurosa, el Estatuto nace con un problema estructural", indicaron los rectores. Para ellos, "la principal preocupación se centra en la financiación y en la asunción de los costes derivados de la norma".

"La obligación de compensar gastos sin una delimitación objetiva y sin una memoria económica suficiente puede comprometer gravemente la viabilidad del sistema de prácticas", remarcaron, pues más del 40% de las prácticas curriculares se desarrollan en entidades públicas —ministerios, centros sanitarios y educativos— "que ya afrontan dificultades para asumir los costes actuales".

Los rectores también avisaron de que "sin una financiación pública adecuada", la nueva regulación puede provocar "una reducción drástica" de plazas formativas, especialmente en ámbitos estratégicos como el sanitario y el educativo.

CRUE advirtió también de que, "en ningún caso, estos costes pueden recaer sobre las universidades ni trasladarse al estudiantado" a través de incrementos en la matrícula, ya que ello generaría desigualdades entre instituciones y perjudicaría especialmente a quienes cuentan con menos recursos.